Guerrero: Acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano en caso de Inés Fernández: 6 de marzo

febrero 21, 2012

Inés Fernández Ortega. Foto@Centro Prodh

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha dado a conocer que el próximo 6 de marzo a las 13 horas, en el Zócalo del Ayuntamiento de Ayutla de los Libres, Guerrero, se llevará a cabo el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad que el Estado mexicano deberá realizar para Inés Fernández Ortega y su familia. Esto, en cumplimiento de la Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en octubre de 2010. Inés Fernández Ortega, mujer indígena me’phaa, fue violada sexualmente por militares del ejército mexicano en 2002 y lleva desde entonces pidiendo justicia en su caso. Por los y las que no podrán estar presentes habrá transmisión en vivo en la página web de Tlachinollan: http://www.tlachinollan.org/ines-y-valentina.html.

Para más información:

Página web de Tlachinollan sobre casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo

Escribir a tlachinollan.difusion@gmail.com y cdhm@tlachinollan.org

Para más información de SIPAZ:

Guerrero – Breves: Estado mexicano reconoce responsablidad en el caso de Valentina Rosendo (16 de diciembre 2011)

Guerrero – breves: ONG exigen a Calderón cumplir con sentencias en casos de Valentina Rosendo y Inés Fernández; Pleito sobre tierra entre comunidades de Guererro y de Oaxaca; Gobierno anuncia instalación de Comisión de Verdad y Tita Radilla recibe reconocimiento (26 de noviembre 2011)

Guerrero: A un año de las sentencias de la CoIDH a favor de Inés y Valentina ; Aniversario y ampliación de la Policía Comunitaria; Violencia en la Sierra de Petatlán. (7 de octubre 2011)

Guerrero – breves: Inicia campaña para cumplir sentencias en casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo; Organizaciones recibirán Caravana al Sur del Movimiento por la Paz; Celebración del día internacional de l@s Desaprecid@s (3 de septiembre 2011)


Chiapas: JBG de La Realidad denuncia que habrá más desalojos en zonas zapatistas

mayo 4, 2010

La Junta de Buen Gobierno “Hacia La Esperanza”, zona selva fronteriza, ubicada en la Realidad denunció en un comunicado: del 30 de abril  “que Calderón organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas haciendo una brecha que encierra la biosfera de Montes Azules, son planes de las tres instancias del mal Gobierno Municipal, Estatal, Federal”. Aclaró que: “La Tierra se ama, se cuida, se trabaja y se defiende; como de lugar estamos dispuestos de defenderlo cueste lo que cueste”.

En un artículo del periódico La Jornada, Hermann Belinghausen se refirió al contexto en el que se presenta esta denuncia explicando: “Apenas el pasado 28 de abril, el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Ricardo Alonso Frías, había anunciado que una “comisión interinstitucional” negociaba con “siete asentamientos, para lograr su reubicación mediante el diálogo, y dejen la superficie en la Comunidad Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera Montes Azules”. La Profepa especificó para la agencia Notimex que estos poblados “suman menos de 3 mil hectáreas y son: Salvador Allende, Ranchería Corozal, San Gregorio, Nuevo Limar, Agua Dulce, Ojo de Agua La Pimienta y Nuevo Villaflores”. Mencionó “entre las ofertas o propuestas” una “contraprestación, es decir, el otorgamiento de una ayuda económica para su salida del sitio”.

La JBG planteó en su comunicado …” para nosotr@s La Tierra es de quien la trabaja, por eso, la Junta de Buen Gobierno denuncia públicamente los hechos que están ocurriendo y ante esta situación les ponemos a sus conocimiento que como EZLN no permitiremos un desalojo más, no vamos a tolerar estas acciones y mucho menos que no vamos a dejar; vamos a defender nuestras tierras pase lo que pase, porque para nosotros la tierra, No se renta, No se alquila y mucho menos lo ponemos como un objeto de venta”.

Unos desalojos donde participaron diferentes fuerzas tanto policíacas como militares se dieron en enero de este año. Tras el desalojo forzado de las comunidades Laguna El Suspiro (también conocida como El Semental) y Laguna San Pedro (conocida San Pedro Guanil), ambas ubicadas en el municipio de Ocosingo, distintas garantías y derechos fundamentales fueron violentadas atentando así, contra la integridad de niños, mujeres y hombres que han ocupado la zona desde tiempos ancestrales.

Para más información:

Denuncia de JBG de la Realidad

Denuncian que habrá más desalojos en áreas zapatistas (La Jornada 3 de mayo)

Mas información de SIPAZ

Chiapas: Desalojos en Montes Azules ponen en riesgo la Paz en Chiapas


Guerrero: acción urgente en caso de nuevas desapariciones forzadas

marzo 12, 2010

En el estado de Guerrero parece que las desapariciones forzadas no sólo pertenecen al pasado doloroso de la guerra sucia de los 60 y 70  sino también a un presente de mucha violencia y violaciones reiteradas a los derechos humanos, muchas de las cuales están atribuidas a elementos del ejército.

En el mes de febrero de este año, ocurrieron dos nuevas desapariciones forzadas en la ciudad de Chilpancingo. RAÚL EVANGELISTA ALONSO fue llevado detenido por militares quienes ingresaron violentamente a su casa el 3 de febrero “sin que al momento haya sido puesto a disposición de alguna autoridad ministerial o judicial”, y ROBERTO GONZÁLEZ MOSSO quien fue llevado desde su trabajo el día 5 de febrero por sujetos vestidos de negro, cubiertos del rostro, portando armas largas y señalando que eran elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)” que llegaron acompañados por “dos comandos militares”. Desde estos hechos las distintas autoridades competentes “negaron que tuvieran detenida a persona alguna con ese nombre y tampoco implementaron acciones para detener al hoy desaparecido”. En ambos casos, los familiares presentaron una denuncia en contra de estos hechos.

Las organizaciones integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC solicita a la sociedad civil que presione a las autoridades competentes a través de una acción urgente exigiendo:  una investigación objetiva e imparcial sobre las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos así como la protección de aquellos, la presentación con vida de Raúl y Roberto, y asimismo que puedan enfrentar un proceso justo en caso de estar relacionados con algún delito.

Para el detalle de los hechos y un modelo de carta:

Acción Urgente (Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC)

Para más información:

Denuncian que soldados levantaron a dos hombres en Chilpancingo (La Jornada Guerrero 10/02/20109)

Rompen el Estado de derecho las operaciones militares que incomunican a detenidos: Codehum (El Sur de Acapulco 11/02/2010)

Piden familiares de dos levantados en Chilpancingo que el Ejército informe sobre su paradero (El Sur de Acapulco 22/02/2010)



Guerrero: CIDH condena Estado mexicano en caso paradigmático de desaparición forzada

enero 16, 2010

En su sentencia del 23 de noviembre de 2009 hecha pública en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó la culpabilidad del Estado Mexicano en la desaparición forzada del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco ocurrida en 1974, y denunció la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada “Guerra Sucia”. La sentencia también cuestiona el fuero militar y ordena a las autoridades mexicanas adoptar reformas para garantizar que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles sean juzgadas en tribunales ordinarios.

La CoIDH condenó al Estado Mexicano a continuar con la búsqueda del campesino desaparecido, reconocer públicamente su responsabilidad en este caso, realizar una semblanza de su vida, otorgar atención sicológica a sus familiares, y pagar el equivalente de 238 mil 300 dólares como parte de la reparación de daños.

En las semanas siguientes a la publicación de la sentencia de la CoIDH, el Gobierno fue exhortado a atacarla por múltiples voces tanto oficiales como civiles: la CNDH (cuyo ombudsman calificó de “vergonzoso” la necesidad de recurrir a organismos internacionales de justicia para casos como éste), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Amnistía Internacional, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos… Frente a eso, el Secretario de Gobernación, que durante la audiencia pública del caso consideró que el tribunal no debía juzgar al país por un caso ocurrido hace 35 años, informó que acatará la sentencia, pagará la indemnización y realizará el acto público. Pero “Tita Radilla, quien dio la lucha ante la justicia nacional e internacional, afirmó que una placa en honor a su padre no es suficiente, lo que demandan es una investigación para encontrar sus restos.” (Milenio)

Para más información:

Condenan a México por ‘‘guerra sucia’’ (artículo, Informador, 15/01/10)

Acatar orden de la CIDH en torno a Radilla Pacheco, pide la Permanente a Gobernación (artículo, La Jornada, 13/01/10)

Nueva sentencia de la CIDH ratifica la culpabilidad del Estado en el caso Radilla (artículo, La Jornada, 16/12/09)

Vigilará ombudsman se cumpla fallo de la CIDH (artículo, Milenio, 18/12/09)

CIDH condena a México por guerra sucia (artículo, El Universal, 15/12/09)

Caso Radilla Pacheco Vs. México. Sentencia del 23 de noviembre de 2009 (Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Para más información de SIPAZ:

Impunidad en Guerrero: Un Problema endémico (Documento de SIPAZ, septiembre de 2007)


Guerrero: el Ejército entra por sexta vez en seis meses en Puerto de las Ollas

diciembre 18, 2009

Incursión militar, junio de 2009. ©Tlachinollan

“Una vez más la comunidad de El Puerto de las Ollas ha sido víctima de una incursión militar y de la violación de sus derechos humanos”, denunció el Taller de Desarrollo Comunitario AC). El 17 de diciembre de 2009 en la madrugada, un comando militar entró a la comunidad de Puerto de las Ollas, municipio de Coyuca de Catalán, donde secuestró y torturó a golpes a Javier Tapia para que respondiera a un interrogatorio. Además los militares se apropiaron de alimentos y pertenencias, y al retirarse, amenazaron con regresar. Según la misma denuncia, “este hecho se enmarca en una intensa movilización militar en la región, con comandos a bordo de vehículos militares y sobrevuelos de aviones y helicópteros.”

“Esta es la sexta incursión que esta comunidad sufre en lo que va de este año. La primera se registro entre el 9 y 13 de junio cuando con la complicidad de paramilitares identificados como habitantes de la comunidad de San Isidro, los militares se posesionaron de las casas del pueblo, las saquearon, golpearon a mujeres y niños y los mantuvieron a la intemperie durante estos días, hasta que se retiraron ante la llegada de una Misión de Observación Civil integrada por periodistas, representantes de organismos civiles y de la Coddehum. A partir de esa fecha, las incursiones se han sucedido con acciones intimidatorias, saqueo, insultos y amenazas de muerte (…).”

Para leer la denuncia completa:

Nueva incursión del ejército mexicano en la Comunidad del Puerto de Las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, Guerrero (denuncia del Taller de Desarrollo Comunitario AC, en Enlace Zapatista, 17/12/09)

Para más información:

Nuevas incursiones militares en Puerto las Ollas y Chilpancingo (artículo de La Jornada Guerrero, 18/12/09)

Personas y derechos pisoteados (9/12/09, Pronunciamiento de varios organismos de defensa de los derechos humanos, página web del Centro de Derechos de La Montaña Tlachinollan)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: denuncia de tortura y hostigamiento por parte de militares en tres comunidades en el municipio de Coyuca de Catalán (blog de SIPAZ, 24/06/09)


Oaxaca: Resolución de la Suprema Corte en el caso Oaxaca

octubre 22, 2009
La Policía Federal Preventiva en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: www.dokumentarfoto.de

La PFP en la ciudad de Oaxaca en 2006 Fuente: http://www.dokumentarfoto.de

El 14 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sobre violaciones a los Derechos Humanos por parte de las autoridades en el marco del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca en 2006 y partes de 2007. De ésta se desprende que el gobernador en aquel tiempo y a la fecha, Ulises Ruiz Ortíz, es responsable de violaciones a los Derechos Humanos.

Con siete votos a favor y cuatro en contra, la SCJN responsabilizó al gobernador oaxaqueño de violaciones a los Derechos Humanos, cometidas por policías estatales en el conflicto de mayo de 2006 hasta junio de 2007. Sin embargo, fue rechazada por la mayoría del pleno la propuesta de los ministros Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío, de incluir a Vicente Fox, entonces Presidente de la República, como al entonces Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y a Eduardo Medina Mora, Secretario de Seguridad Pública del sexenio de Fox, en la lista de responsables por haber permitido una situación de ingobernabilidad en la entidad y así haber expuesto a la población a situaciones que vulneraran sus Derechos Humanos. Ahora le compete al Presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión determinar si se procederá a un juicio político en contra del gobernador oaxaqueño, expresó el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, después de la resolución.

Ruiz Ortíz se manifestó en contra de la resolución tomada por la SCJN, cuestionando que no se hubiera incluido a Fox. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que había demandado la renuncia de Ulises Ruiz en el conflicto de 2006 y 2007, insistieron en la responsabilidad del mandatario estatal por las violaciones a Derechos Humanos. Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), destacó que deberían ser sometidos a juicio tanto el gobernador como Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno de Oaxaca, y la ex procuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, por ser los operadores “de la represión desatada en contra del pueblo” oaxaqueño. La Sección 22 del SNTE, que aglutina a maestras y maestros de toda la entidad de Oaxaca, había sufrido represión de parte del gobierno estatal el 14 de junio de 2006, lo que derivó en la conformación de la APPO, integrada por diversas organizaciones sociales, políticas e indígenas, que se enfrentó a las autoridades estatales en el segundo semestre de 2006 para exigir la renuncia del gobernador, a quien acusaron de reprimir a las organizaciones sociales, políticas e indígenas.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Oaxaca: Demandan reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura

agosto 7, 2009
Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH

Conferencia de prensa - Fuente: LIMEDDH

El 5 de agosto, en una conferencia de prensa, la Liga Mexicana Por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADDH) de la Sección XXII de Oaxaca del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Comité de Familiares de Detenidos, Asesinados y Presos Políticos (COFADAPPO) presentaron su postura con respecto al informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre violaciones a Derechos Humanos durante el conflicto social en Oaxaca, abarcando el periodo de mayo de 2006 hasta julio de 2007. Además anunciaron que en este año, 63 personas que fueron detenidos el 25 de noviembre de 2006, a través de la LIMEDDH han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura.

Según el boletín de prensa, emitido por la LIMEDDH el mismo 5 de agosto, “[g]raves violaciones al marco constitucional de garantías individuales y derechos humanos quedan sin ser investigadas y en el anonimato, tras la conclusión del informe preliminar de la investigación [...] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del conflicto político social de 2006 [...]en la entidad oaxaqueña.” Detenciones Arbitrarias, Ejecuciones Extrajudiciales, Desapariciones Forzadas y Violaciones del principio del Derecho al Debido Proceso son algunas de las violaciones a Derechos Humanos cometidas por las autoridades estatales y federales, denunció la LIMEDDH. Enfatizó la importancia del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de Derechos Humanos ante el clima de impunidad existente. Recordó que hay varios informes públicos, realizados por organizaciones internacionales de derechos humanos que contrastan con el informe de la SCJN y que evidencian las graves violaciones cometidas en el marco del conflicto.

Asimismo, la LIMEDDH informó que en lo que va del año 2009, 63 personas que fueron detenidas el 25 de noviembre de 2006 y que han sido víctimas de violaciones a Derechos Humanos, han demandado a las autoridades estatales la reparación del daño moral por privación arbitraria de la libertad y tortura, entre otras, sumando una cantidad de 58,400,000.00 $ (Pesos Mexicanos), siendo 940,000.00 $ por cada una de las víctimas. Destacó que “[n]o se trata de ponerle precio a la libertad personal o a la integridad física o psicológica, sino de reivindicar el derecho que tienen las víctimas a ser indemnizadas por el Estado perpetrador; además constituye la pena pública que el Gobierno del Estado de Oaxaca debe compurgar, independientemente y sin menoscabo de la responsabilidad penal y administrativa, en que hayan incurrido los funcionarios públicos responsables.” Además, la LIMEDDH hizo un llamado a las autoridades estatales y federales de abstenerse de cualquier tipo de hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos, víctimas y familiares; de lo contrario, considerarían cerradas las vías institucionales nacionales para obtener justicia y acudirían a instancias internacionales de Derechos Humanos para denunciarlo.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Chiapas: El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denuncia actos de hostigamiento

junio 17, 2009

En el marco de las actualmente muchas denuncias estatales y nacionales contra la criminalización de los movimientos sociales y la lucha social por parte del gobierno mexicano, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció en un comunicado del 16 de junio una serie de actos de hostigamientos contra integrantes del Centro. Los días 14 y 15 de junio se observaron personas en carros sin placas vigilando fuera de la casa particular del Director del CDHFBC, Diego Cadenas Gordillo,  tanto como a una calle de las oficinas del Centro. En esta ocasión el Director se acercó al vehiculo que el identificó como el mismo del día anterior y preguntó: “¿Por qué me estás siguiendo?, el que iba al volante contestó: no te estoy siguiendo, estoy esperando a mi hermana, Diego preguntó: ¿eres del CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional]?, el hombre se rió y dijo no.” Diego Cadenas y otro integrante del CDHFBC “intentaron tomar fotos con sus celulares a los tres hombres del vehículo, los cuáles se cubrieron los rostros con las gorras, el conductor sacó una cámara y los empezó a fotografiar.”

El hostigamiento se dio después de que el CDHFBC ganara el Premio Fray Bartolomé de Las Casas en España y justo durante los días de la sesión ordinaria del Consejo Directivo del CDHFBC. Cabe recordar que el hostigamiento contra defensores de Derechos Humanos es una grave violación de derechos humanos y que varios organismos internacionales están dando el seguimiento a la documentación de estas violaciones. Durante varios años México ha venido recibiendo varias comisiones de observación para la documentación del clima de la criminalización de la protesta social y del estado de derecho humanos y la cultura de paz que debería de florecer en una nación verdaderamente respetuosa a los deberes que le competen a nivel nacional e internacional.

Para más inforamción:

Vigilancia a integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (16/06/2009)

Chiapas: Denuncian hostigamiento contra director del Centro Fray Bartolomé, La Jornada (17/06/2009)


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