El 15 de agosto, a alrededor de las 12:00 PM, 2 helicópteros de la Marina llevaron el responsable de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Ricado Frias, a la comunidad Ranchería Corozal ubicada dentro de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules y perteneciente a la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU-ID). Fue acompañado por algunos representantes de la Secretaria de Reforma Agraria (SRA) y la Secretaría de Gobernación del Estado así como de 50 elementos del Ejército Federal y de la Policía Judicial del Estado.
Según una denuncia realizada por la ARIC UU-ID, después de realizar una medición de los potreros y el área de la comunidad, Frias declaró que “no habrá otro opción más que la reubicación o la indemnización”. Añadió que a pesar de las negociaciones que la ARIC UU-ID ha mantenido con el gobierno sobre el caso, “con los cambios de gobierno futuros los acuerdos ya no serán respetados”.
Este hecho coincidió con otro operativo realizado en las comunidades de El Semental y Nuevo Salvador Allende (también ubicadas en la Reserva de Montes Azules), en el cual participaron el Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, como reportado por La Reforma (15/08/08). El operativo, dirigido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), fue llevado a cabo sin incidentes violentos como los pobladores habían salida del área de antemano. En ambos casos, sus casas fueron destruidas.
Posteriormente al operativo, según Juan Antonio Sandoval Flores, delegado de la Profepa en Chiapas, todavía quedan 11 comunidades irregulares más en la Reserva de Montes Azules. Estimó que las reubicaciones se terminarían el próximo año.
La Caravana Nacional e Internacional de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas de Chiapas salió el pasado 28 de julio desde México-DF con destino a diferentes comunidades zapatistas de Chiapas y terminó su recorrido el 12 de agosto. La caravana, informan los organizadores, estuvo formada por alrededor de 300 personas de diferentes países europeos así como también de EEUU, Canadá, Argentina y México, tuvo como objetivo mostrar su apoyo a las comunidades zapatista que, en los últimos meses, han sido objeto de un aumento significativo de operativos militares y policíacos.
Según informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), el día sábado 9 de agosto cerca de la 7:00 pm, José Gómez Estrada y Remigio Hernández Arellano fueron detenidos arbitrariamente por 4 policías municipales de Benemérito de las Américas, Chiapas. Posteriormente a ello, según denuncia el mismo centro, ambos fueron torturados durante dos horas mientras que estaban retenidos irregularmente en la cárcel municipal. José Gómez Estrada falleció bajo custodia de los mismos policías municipales.
Según informa una Acción Urgente circulada por el CDH Frayba el día de hoy 1 de agosto de 2008, Integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) habrían amenazado con desalojar y agredir a ejidatarios de San Sebastián Bachajón, del municipio de Chilón, Chiapas, adherentes a La Otra Campaña.
El día 24 de julio, 7 presos fueron liberados por el gobierno del estado de Chiapas, después de demostrar su inocencia: Miguel Díaz López, Juan Díaz López y Antonio Díaz Pérez de La Voz de Los Llanos, del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; Jesús López López, Julio César Pérez Ruiz y María Delia Pérez Arizmendi de La Voz de El Amate, del CERRS No. 14 de Cintalapa, Chiapas; y Víctor Manuel Escobar Pineda, adherente a La Otra Campaña, detenido por la policía el día 22 de julio, en la comunidad de Cruztón, Venustiano Carranza, y recluido en Chiapa de Corzo, acusado de haber agredido a un agente del Ministerio Público.
El comunicado del Centro de Derechos Humanos Frayba del 24 de julio resalta “que en el proceso de revisión de expedientes se han demostrado una serie de deficiencias en el sistema de justicia, que permite que inocentes sean recluidos sin las mínimas garantías judiciales, lo que se presta a la persecución política de líderes sociales y a una política velada de criminalización de la protesta”.
Entrevista con los miembros de la Voz del Amate y la Voz de los Llanos sobre que es lo que les ayudó en su lucha desde la cárcel.
Testimonio de Julio César Perez Ruíz, miembro de la Voz del Amate, excarcelado el 24 de julio de 2008 (fecha: 25/07/08, duración 2,09 min).
(Haga click al vinculo abajo para ver los videos con los demás testimonios)
OCEZ-RC en la comunidad de 28 de Junio, Venustiano Carranza
El 19 de julio de 2008 , a las 9:30 de la mañana, en el municipio de Venustiano Carranza, unos 400 soldados del Ejército mexicano entraron a un predio ubicado entre las comunidades de 20 de Noviembre y San Isidro los Laureles, pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC).
Según denuncia la OCEZ-RC en su comunicado del 22 de julio, los militares entraron a sus parcelas “con el pretexto de buscar plantíos de marihuana en las tierras en las que sembramos maíz y frijol para el sostenimiento de nuestra familia”. Además, preguntaron por “varios nombres y apellidos de líderes de la región, trayendo una lista de gente que buscan en la zona”.
En entrevista con SIPAZ, integrantes de la OCEZ-RC denunciaron también que el 22 de julio, a las 11:30 de la noche, tres camiones militares pasaron por Laguna Verde, otra comunidad perteneciente a su organización en el municipio de Venustiano Carranza. Afirmaron que los militares regresaron a la comunidad a la 1:00 de la madrugada con las luces de los camiones apagadas.
Los integrantes de la OCEZ-RC de las comunidades de 28 de Junio y Laguna Verde difundieron el siguiente comunicado.
En la mañana del 30 de junio, el presidente estadounidense promulgó un paquete de leyes de gastos suplementarios para las guerras en Irak y Afganistán, una iniciativa que incluye una suma de US$465 millones para México y Centroamérica para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo; se conoce esta enmienda como la “Iniciativa Mérida”. En el evento del día de hoy, el presidente Bush comentó que la iniciativa es una “prioridad nacional” para los Estados Unidos. La firma tomó lugar unos cuatro días después de la aprobación de la ley en el Senado el 26 de junio.
Anteriormente, la iniciativa había sido criticada por el gobierno mexicano por incluir condiciones en cuanto a derechos humanos, considerando que constituían una imposición sobre la soberanía mexicana. Después de una reunión interparlamentaria este mes entre los Estados Unidos y México, el proyecto de ley fue revisado en el Congreso, suavizando de este modo la mayor parte del lenguaje referente a estas condiciones. Las que sí quedan incluídas integran un informe de la Secretaria de Estado estadounidense sobre el progreso en materia de derechos humanos del sistema judicial mexicano; un énfasis en la cooperación policíaca y militar con juicios civiles en los casos de miembros de la fuerza pública acusados de violaciones de derechos humanos; y la creación de un mecanismo de consultación sobre el tema de derechos humanos dentro del contexto de la iniciativa. Un total de 15 por ciento del financiamiento podría no ser entregado si no se cumplen estas medidas.
Organizaciones civiles tanto internacionales como mexicanas han hablado en contra del debilitamiento de las condiciones de derechos humanos en la iniciativa, y la falta de énfasis en temas de tráfico de armas y el mercado de narcóticos en los Estados Unidos. Hasta la fecha, no ha habido una respuesta por parte del gobierno mexicano.
Una ponencia del Presidente Felipe Calderón en la X Cumbre de Tuxtla. (Fuente: La Jornada)
A la sugerencia del presidente mexicano Felipe Calderón, el Plan Puebla–Panamá fue sepultado para ser reemplazado con el nuevo “Proyecto Mesoamérica”. La decisión fue aprobada el día sábado 28 de junio en la X Cumbre de Tuxtla, una reunión en la que participaron los mandatarios de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, y Costa Rica. También estuvieron presentes los gobernadores mexicanos de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, y Chiapas.
Según informan los asistentes, el nuevo proyecto elimina un 95% de los proyectos de desarrollo e infraestructura previstos en el Plan Puebla-Panamá desde su concepción en 2001. Los planes restantes se concentrarán en los temas de infraestructura (carretera e integración energética, eléctrica e informática); en el establecimiento de mecanismos de compras consolidadas en alimentos y fertilizantes; y en trabajo conjunto sobre los biocombustibles, el precio de carburantes y el cambio climático.
Los mandatarios ratificaron su compromiso de trabajar en contra del crimen organizado, recalcando que con la aprobación de la Iniciativa Mérida ya está en camino un Plan de Seguridad entre México y Centroamérica, que incluirá estrategias bilaterales y multilaterales. Se preve un monto de USD 953 millones para las acciones concretas en esta materia.
Integrantes de SIPAZ visitaron ayer, 26 de junio, a seis detenidos del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados n.5 (ex CERESO) en San Cristóbal de Las Casas que conforman la organización “La Voz de Los Llanos”, adherente a la Otra Campaña.
Los detenidos, que se reivindican como presos políticos, llevaron a cabo una huelga de hambre o un ayuno entre el 4 de marzo y el 5 de abril de este año, y nuevamente el día 24 de mayo, declarándose inocentes y pidiendo su liberación inmediata. El día 17 de abril, como consecuencia de su acción de protesta, fueron victimas de violencias por parte de otros detenidos que operaron sin que los custodios intervinieran.
Declararon que: “Sabemos que están en revisión nuestros expedientes, donde ya se dice que somos culpables. Queremos que tomen en cuenta nuestras luchas y manifestaciones. Queremos la libertad lo más pronto posible. Nuestros casos son basados en acusaciones falsas y delitos imputados a base de tortura. Contra nosotros, el gobierno ha puesto su mano dura, pues. Queremos que se analicen bien nuestros casos, que tome cartas el gobierno. Estamos pidiendo la libertad sin violencia, en una lucha pacífica, en la Voz de Los Llanos y en la Voz del Amate. Queremos una solución a este problema que tenemos, queremos libertad”.
El día de hoy, 27 de junio, el vocero de la Voz de Los Llanos, Tiburcio Gómez Pérez, contactó telefónicamente a SIPAZ para que hiciera público su comunicado (que se puede escuchar aquí abajo).
Publicado por SIPAZ
