A punto de cumplirse cien días del mandato de Enrique Peña Nieto, la organización Amnistía Internacional (AI) expresó que “las pocas medidas que el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en materia de derechos humanos simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México”.
“Existen preocupantes señales de que este gobierno no está dando prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos. La nueva administración debe romper con las promesas vacías de la anterior en materia de derechos humanos y terminar con la impunidad de los abusos”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.
Víctimas de la violencia, reforma policial, arraigo, Código de Justicia militar, migrantes, mujeres, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas: AI abordó punto por punto las problemáticas pendientes y la falta de avances significativos ante cada una de ellas.
ACAT-France conjuntamente con el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CodigoDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juarez (Prodh), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, realizan una campaña nacional e internacional para terminar con el arraigo en México. En la promoción de su campaña, las organizaciones declaran que “[e]l arraigo es una detención preventiva efectuada antes de iniciar cualquier proceso penal. Es una violación del derecho a la defensa, ya que las y los detenid@s son aislad@s en lugares a veces desconocidos, lo que propicia en gran medida el uso de la tortura. En México, miles de personas han sido víctimas de arraigo desde 2008”.
En un comunicado conjunto publicado el 28 de marzo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño y la Iniciativa Ciudadana Oaxaqueña celebraron la eliminación de la figura del arraigo de los códigos penales y de procedimientos penales del estado de Oaxaca, al considerar que dicha figura sólo ha servido para fabricar culpables, dar espectacularidad a la justicia e instaurar la tortura como práctica sistemática. Afirmaron: “Esta decisión es, sin duda, un paso destacado en el camino hacia la implementación plena de un sistema de justicia penal acusatorio que apueste por el respeto irrestricto a los derechos humanos, la vigencia del Estado democrático de derecho y la profesionalización y mejoramiento de las autoridades investigadoras y jurisdiccionales que hacen parte del proceso penal. Por ello es un ejemplo a seguir para las demás entidades integrantes de nuestra Federación”.
El 21 de marzo pasado, la sexagésima primera Legislatura del Estado eliminó la figura del arraigo en la entidad, planteando que con la aplicación de esa medida se violentaba el derecho a la seguridad jurídica, a la libertad y a la seguridad personales, así como el derecho al debido proceso y a las garantías judiciales, a la tutela judicial efectiva, a la integridad personal y el derecho a la salud. En su lugar, los diputados establecieron figuras precautorias como el aseguramiento y el embargo.
El 25 de julio, el Congreso de Chiapas declaró suprimida la figura del arraigo judicial, medida cautelar en el sistema penal, luego de que 78 ayuntamientos municipales ratificaron la iniciativa de reformas a la Constitución estatal. Chiapas se convierte de este modo en el primera estado en eliminar de su legislación la figura del arraigo, cuya aplicación ha sido fuertemente cuestionada por Naciones Unidos, penalistas y defensores de derechos humanos.
El gobierno de Chiapas promulgó estas modificaciones clausurando los dos centros que operaban en el estado para ese fin: uno en Chiapa de Corzo (Pitiquito) y otro en Tapachula.
En el marco del Examen Periódico Universal (EPU), México recibió varias recomendaciones apuntando al mejoramiento de su sistema de defensa de Derechos Humanos en febrero de 2009. El pasado 11 de junio, el Estado mexicano expuso sus respuestas a dichas recomendaciones durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Este nuevo informe ha sido muy criticado por parte de varias organizaciones de defensa de Derechos Humanos en México: en un comunicado del 12 de junio, señalaron que el Estado mexicano ha rechazado de manera flagrante las recomendaciones relativas a la justicia militar, la impunidad y los crímenes del pasado, la definición de la delincuencia organizada y la figura jurídica del arraigo. El comunicado señala otros temas en los que el Estado mexicano ha mostrado impotencia o falta de interés para cumplir con su deber como Estado de derecho: el área de la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la armonización legislativa en este aspecto.
En su defensa, el Estado mexicano expuso una serie de hechos que consideró como avances. Unos de estos fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos. No obstante, dicha reforma no da rango constitucional a los derechos humanos y en consecuencia desaprovecha la oportunidad de dar jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.
Con preocupación, las organizaciones que firman el comunicado, como por ejemplo el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, concluyen diciendo que “el Examen Periódico Universal nos ha dado oportunidad para que la comunidad internacional y nacional tomemos conciencia de que en México existe un gran déficit en materia de derechos humanos. Las recomendaciones recibidas como parte del EPU se suman a un gran número de recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido desde hace once años, lo que ahora requerimos es voluntad política y acciones efectivas por parte del gobierno federal y de los gobiernos de los Estados para implementarlas cabalmente.”
El día 1 de mayo los ocho indígenas tzeltales del Ejido San Sebastián Bachajón arraigados durante 19 días en la casa de arraigo “Quinta Pitiquitos”, fueron consignados ante un juez en Tuxtla Gutiérrez y luego trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 14, El Amate, (CERSS No. 14 El Amate) en el municipio de Cintalapa. Según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) se les ejercitó acción penal por los delitos de robo con violencia y delincuencia a los seis adherentes de La Otra Campaña, el base de apoyo zapatista y otra persona sin vinculación organizativa declarada.
En esta ocasión sus fotografías fueron nuevamente publicadas en medios, identificándolos como parte de “una banda delictiva, dedicada al asalto carretero en el tramo Ocosingo-Palenque”, lo cual constituye en una vulneración al principio constitucional de presunción de inocencia además de estigmatizarlos ante la sociedad. El CDHFBC informó que “existen violaciones al debido proceso en la procuración de justicia, siendo la más grave la falta de un traductor en su idioma, por lo que los 8 detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron en declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que 7 de ellos declararon bajo tortura”.
Según demuestra la investigación y documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), el “uso sistemático de tortura” vinculado a casos de personas durante el traslado, el arraigo y la declaración ministerial, demuestra una grave debilidad en la protección y respeto de los derechos humanos de personas bajo sospecha de haber cometida un crimen en Chiapas.
Entrevista a comisionado del ejido de San Sebastián Bachajón
El día 24 de abril se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) con ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña convocada por el EZLN. Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaban la incomunicación y arraigo de 8 “compañeros” detenidos entre el 13 y el 18 de abril así como la actitud de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (OPDDIC) que según la denuncia colaboraron con las fuerzas federales y estatales durante el intento de desalojo del bloqueo carretero, y la destrucción y robo de la caseta de cobro en Agua Azul el 17 de abril.
El CDHFBC expresó por su parte su preocupación por la militarización que se ha dado en el estado y por el uso de las fuerzas públicas y leyes en el intento de “desanimar a la población que se organiza para la defensa y ejercicio de sus derechos humanos”. También denunció que “en los últimos meses hemos monitoreado que el Gobierno Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, ha implementado una política de persecución y criminalización en contra de movimientos y organizaciones sociales disidentes”.
“Los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de La Otra Campaña son parte del movimiento indígena, que se contrapone a los planes neoliberales de despojo del territorio y depredación de los recursos naturales. La región de Agua Azul ha sido por muchos años zona turística cuyas cuantiosas utilidades son aprovechadas por intereses ajenos al pueblo tseltal de Bachajón. Región clave del proyecto ecoturístico y arqueo-eco-turístico como parte de la Rivera Maya, que está recibiendo un fuerte impulso del gobierno del estado para la inversión extranjera.”
El caso de los tzeltales de San Sebastián Bachajón además fue contextualizado como un ejemplo de lo que está sucediendo en toda América Latina con pueblos originarios “que reivindican su derecho al territorio y a la autodeterminación”.
“El contexto de los eventos mencionados se dan en una clara postura de contrainsurgencia, implementada por el Gobierno Mexicano, mediante acciones coordinadas de información y operación por el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatal”. El CDHFBC subrayó que el “operativo policíaco fue motivado a partir de información facilitada por inteligencia militar, como lo reconocieron a este Centro de Derechos Humanos, funcionarios del gobierno estatal”.
Se mencionó finalmente que los ocho arraigados siguen en la casa de arraigo “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo. El Centro denunció que el sistema de arraigo, que desde la entrada de la reforma penal en junio de 2008 es constitucional en México, sigue siendo una “sistemática violación a los derechos humanos” y las casas de arraigo “un espacio de coerción y tortura”.
Escrito por SIPAZ 
