El 6 de noviembre, el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (CC-PDPR) y la Comandancia General del Ejercito Popular Revolucionario (CG-EPR) emitieron un comunicado ante la reciente disolución de la Comisión de Mediación (COMED) entre el EPR y el gobierno federal al agotar los cauces legales para dar con el paradero de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada desde el 25 de mayo de 2007 en la Ciudad de Oaxaca. Afirmaron que su detención-desaparición fue parte de un “despliegue contrainsurgente con fines de “limpieza social””. Agradecieron a la COMED y al pueblo organizado que denunciaron “este tipo de barbarie Estatal” y exigieron su presentación. Afirmaron que “(l)a Comisión de Mediación se enfrentó a la violencia institucional y la prepotencia que caracteriza a regímenes autoritarios. También, al igual que nosotros, todo el tiempo se enfrentaron a la censura y autocensura de los medios de comunicación, que mientras no se queme pólvora y corra sangre no se es noticia que venda y por lo tanto no dan voz ni rostro a los desaparecidos, ni a los familiares, mucho menos a quienes valientemente interceden por ellos”. Finalmente alertaron, “(d)el curso que tomen los acontecimientos, el único responsable es el Estado mexicano y sus administradores en turno”.
Sin haber logrado su cometido al cabo de cuatro años de existencia, la Comisión de Mediación (Comed) entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal anunció su disolución ante la llegada del nuevo gobierno. Había sido conformada a propuesta del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) para poder encontrar a Edmundo Reyes Amaya y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos integrantes del EPR y desaparecidos en 2007 en Oaxaca.
Haciendo un balance de estos 4 años de trabajo, la COMED recordó que en este marco el EPR aceptó, una tregua en sus acciones armadas, misma que fue valorada como un gesto muy significativo. Sin embargo, denunció que a cambio, por parte del gobierno federal a lo largo de estos cuatro años se reforzaron el carácter contrainsurgente de las fuerzas armadas, particularmente hacia organizaciones político-militares. Señaló que en este tiempo el Estado negó de manera sistemática la existencia, en los hechos, del delito de desaparición forzada de personas, aunque era clara la participación de agentes de corporaciones policíacas y de las fuerzas armadas.
Al anunciar su desaparición la Comed sostuvo que ante la nueva etapa política del país, las partes han de rehacer los términos y mecanismos dialogantes de este proceso.
El 24 de diciembre, Rafael Rodríguez Vicente, ex dirigente de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (1995-1998), fue asesinado en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. La dirigencia de la sección 22 emitió un comunicado en el que exigió al gobernador Gabino Cué el pronto esclarecimiento del crimen, y mayores condiciones de seguridad para los integrantes del movimiento popular. Las autoridades no descartan ninguna línea de investigación. Sin embargo, se siguen dos hipótesis, una presunta rencilla política por su cargo como asesor del ayuntamiento indígena de Santa María Zoquitlán y otra relacionada con su labor como docente.
Rodríguez Enriquez fue activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxacay actualmente fungía como dirigente del Frente Amplio de Comunidades Indígenas Marginadas. Había sido detenido en junio de 2002 por presuntamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y participar en el secuestro de un familiar de dirigente de vendedores Gonzalo Rodríguez.
Mario Ambrosio Martínez, indígena zapoteco de San Agustín Loxicha procesado y condenado por presuntamente pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), obtuvo un amparo del Poder Judicial Federal el pasado 18 de junio y salió libre de la Penitenciaría Central de Santa María Ixcotel, después de casi 15 años de prisión.
En conferencia de prensa, acompañado del dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado y del propio excarcelado, el abogado defensor Israel Ochoa Lara dijo que Ambrosio Martínez fue detenido el 15 de octubre de 1996 y posteriormente condenado a 26 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo y lesiones calificadas, al supuestamente participar en el ataque del grupo armado, el 28 de agosto de ese año, contra bases militares y policíacas, en Santa María Huatulco.
El Segundo Tribunal Unitario modificó su resolución el viernes pasado y encontró solamente responsable al indígena zapoteco del delito de conspiración imponiéndole una sentencia de un año de prisión y un día de multa. Ochoa Lara dijo que Ambrosio Martínez dejó la Penitenciaría Central la mañana del sábado pasado por haber ya purgado la condena impuesta.
Ahora, 15 años después de su reclusión, Ambrosio Martínez anunció que estudia la posibilidad de presentar una contrademanda en contra de la Justicia Federal. El abogado señaló que su cliente recibió una sentencia excesiva por delitos prefabricados que no cometió. Ambrosio Martínez acusó al Estado mexicano de haberle “destruido la vida” por un manejo “faccioso de la justicia”.
Martínez fue uno de los 300 implicados detenidos luego de la incursión de las fuerzas federales en San Agustín Loxicha tras los atraques de una supuesta célula del EPR. De esa cantidad, 156 fueron consignados por delitos federales, y actualmente permanecen recluidos en la penitenciaria central 7 personas condenadas a purgar penas de entre 23 y 31 años de prisión. El recién liberado subrayó que se sumará a la lucha social por la libertad de los que siguen encarcelados. “Vamos a echarle ganas por la libertad de mis compañeros para que todos salgan pronto porque como yo, son inocentes“, indicó.
El pasado 19 de junio, se presentó un enfrentamiento entre las autoridades municipales y habitantes de las comunidades de San José del Progreso, El Cuajilote y Maguey Largo, en el municipio de San José del Progreso, Ocotlán, que resultó en la muerte de dos personas, incluyendo el presidente municipal príista, Óscar Venancio Martínez, y el regidor responsable de la salud, Félix Misael Hernández, más dos heridos y doce detenidos. Martín Octavio García Ortiz, cura de la zona, fue también detenido cuando iba a celebrar misa en San José el Progreso y fue entregado a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que acusó al sacerdote de instigar los asesinatos cometidos el 19.
Habitantes de San José El Progreso se han organizando a través de de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Valle de Ocotlán en Defensa de la Naturaleza y la Autonomía Popular y se han manifestado en torno a la defensa de sus territorio y de sus recursos naturales, así como en contra de la explotación de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa mexicana-canadiense Cuzcatlán.
La Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) y la Iniciativa Ciudadana Oaxaca han condenado la emboscada que resultó en la detención de Martín Octavio García y han negado que tenga que ver con los homicidios. En un comunicado emitido el mismo día 19, Barca contextualizó los hechos en el marco del conflicto que se ha vivido en la zona debido a las divisiones en torno a la cuestión de la explotación minera por parte de la empresa Cuzcatlán. Barca destacó que dentro de este contexto se ha buscado señalar a Martín Octavio García por su apoyo a los procesos de oposición a la operación de la mina como “alborotador” y “agitador,” hasta se le ha acusado de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). José Luis Chávez Botello, arzobispo de Oaxaca-Antequera, ha declarado su apoyo a Octavio García, como lo han hecho varios representantes de la Iglesia Católica en el pasado frente llamados pidiendo su despido, y se ha comprometido a demostrar su inocencia en el presente caso.
El pasado 30 de septiembre, en un operativo de circunstancias irregulares fue detenido José Manuel Hernández Martínez, también conocido como “Don Chema”, en la comunidad 28 de Junio, del municipio Venustiano Carranza. Hernández Martínez es uno de los dirigentes históricos de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) de la región. Actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 14, “El Amate”, en Cintalapa.
Según varias fuentes, el pasado 30 de septiembre varias personas vestidas con uniformes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ingresaron a la comunidad 28 de Junio preguntando si había problemas con el servicio de luz. Cuando ubicaron a José Manuel Hernández Martínez, lo subieron a la camioneta, aparentemente propiedad de la CFE, y salieron de la comunidad. Compañeros de Hernández Martínez trataron de rescatarlo, sin embargo fueron agredidos con armas de fuego, lo cual causó que su vehículo accidentara, situación en la que perdió la vida Jordán López Aguilar y resultaron heridos José Santos López Aguilar, Juan Jiménez Zepeda y Ballardo Hernández de la Cruz.
La tarde noche del mismo día, se confirmó que Hernández Martínez había sido llevado al CERSS No. 14, “El Amate”, en el municipio de Cintalapa, y que el operativo de su detención fue realizado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE). Al ser detenido Hernández Martínez, no le fue presentado ninguna orden de aprehensión, de acuerdo a denuncias locales posteriores a su detención. Sin embargo, según el gobierno del estado hay averiguaciones previas y ordenes de aprehensión en contra de José Manuel Hernández Martínez por los delitos de Asociación Delictuosa, Despojo Agravado y Daños, entre otros.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció la detención como arbitraria, argumentando que apenas hace varias semanas, José Manuel Hernández Martínez y la OCEZ mantenían una mesa de diálogo con el gobierno estatal en torno a la regularización de tierras, momento en que se pudiera haber realizado su captura. Señaló en su comunicado que la detención constituye un acto de represión y criminalización de los luchadores sociales. El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) por su parte denunció que en las instalaciones de la PGJE, Hernández Martínez fue interrogado “sobre: si pertenecía al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
Cabe destacar que la detención de José Manuel Hernández Martínez se da en un contexto de creciente hostilidad en contra del trabajo de defensores de derechos humanos y de criminalización de la protesta social. Tan sólo en los últimos tres meses se ha registrado una campaña de desprestigio en contra del Frayba, incluyendo la agresión armada en contra de uno de sus miembros y adherentes a La Otra Campaña de San Sebastián Bachajón y Jotolá, así como actos de hostigamiento en contra de integrantes del FNLS. Pocos días antes de la detención de José Manuel Hernández Martínez, un desconocido incendió las instalaciones de K’inal Antsetik A.C., organización feminista en que labora Yolanda Castro, dirigente local del FNLS.
El día 8 de junio salió una marcha denominada “Liberación de los 12 Presos Políticos de la Región Loxicha”. La marcha se dirige hacia la Ciudad de México para exigir la liberación de los “doce compañeros presos injustamente y que han sido acusados sin pruebas alguna de ser parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR)” de la región Loxicha en Oaxaca dicen los familiares de los presos en un comunicado. La marcha será compuesta por los familiares de los 12 presos, y acompañada durante la trayectoria por organizaciones adherentes a La Otra Campaña y otras organizaciones, colectivos, agrupaciones como muestra de solidaridad. Pasará durante su ruta por las siguientes comunidades y ciudades: Miahuatlán, Ocotlán, colonias de la ciudad de Oaxaca, Nochixtlán, Tlaxiaco, Hujauapán de León, Izucar de Matamoros, Puebla y la ciudad de México.
Hace 12 años, los indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha fueron encarcelados y acusados de pertenecer al EPR, así como por delitos federales como terrorismo, sabotaje, conspiración y homicidio, cargos que muchos dicen “no fueron comprobados”. Las sentencias que recibieron fueron de entre 13 y 32 años de prisión. Los 12 presos enfrentan, “además de la miseria por el abandono oficial, la represión de las autoridades en forma de detenciones arbitrarias” según un comunicado difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). A raíz de la presunta presencia del EPR en la región, más de 130 campesinos han sido detenidos y se calcula que unos 200 viven escondidos por tener órdenes de aprehensión. Muchas familias tuvieron también que migrar “ante el temor a ser detenidos arbitrariamente” señala el mismo comunicado.
Los doce “presos políticos y de conciencia de la región Loxicha, Oaxaca” son:
Álvaro Sebastián
Estanislao Martínez Santiago
Fortino Enríquez Hernández
Abraham García Ramírez
Agustín Luna Valencia
Cirilo Ambrosio Antonio
Ricardo Martínez Enríquez
Mario Ambrosio Martínez
Urbano Ruiz Cruz
Justino Hernández José
Eleuterio Hernández García
Zacarías P. García López
Tras más de dos anos y medio en prisión, los activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Miguel Ángel García y Víctor Hugo Martínez Toledo fueron liberados el 4 de junio de la prisión Santa Maria Ixcotel. Azael Santiago Chepi, el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que los dos miembros de la APPO habían salido y comentó que habían sido detenidos “ilegalmente en 2007” acusados por violación tumultuaria de una mujer. Más bien dijo que su detención fuera una represalia por su participación en el movimiento.
Los dos liberados fueron acompañados por un gran grupo de gente al Zocalo de la Ciudad de Oaxaca donde se incorporaron al Plantón de Familiares y Amigos que desde el 15 de mayo esté instalado por varios movimientos y organizaciones exigiendo la libertad de sus presos. Quedan dos presos en Santa María Ixcotel, Pedro Castillo Aragón, acusado de secuestro y de vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de haber asesinado el camarógrafo estadounidense Bradley Will.
El día 23 de abril, dos fuentes distintas informaron de una incursión militar en la comunidad indígena Chatina de San Miguel Panixtlahuaca, distrito de Juquila en la costa de Oaxaca. Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) denunciaron que “a partir de las nueve de la mañana 15 camiones tipo torton llenos de soldados armados y encapuchados del ejercito federal arribaron” sitiando la comunidad “con retenes (…) no dejando entrar ni salir a nadie y además empezaron a catear las casas de los pobladores en busca de armas”.
En el portal “Punto y Aparte” también se menciona que el operativo forma parte de una “campaña nacional de despistolización”. Sin embargo, integrantes de la Sección XXII informan que más allá de una campana rutinaria, la presencia de los 300 efectivos castrenses “que traían la cara cubierta” estaba vinculada con el hecho que traían fotos de “tres personas específicas a quienes estarían buscando en relación con un supuesto campamento guerrillero que opera en la zona desde el 2000”. Se teme que el estado se vaya convirtiendo en “un laboratorio para el ejército mexicano, que tiene como prioridad por órdenes de Felipe Calderón, encontrar y liquidar a miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).”
El operativo parece haber acabado sin un saldo de detenidos pero dejó la población alarmada. VOCAL sigue denunciando en su comunicado que la incursión militar forma parte de “la represión que los malos gobiernos federal y estatal siguen lanzando contra las comunidades, las personas y las organizaciones que se levantaron en 2006 en contra del mal gobierno del asesino Ulises Ruiz porque esta comunidad tuvo una participación destacada en el 2006, año cuando empezó el levantamiento de los pueblos de Oaxaca”. Por otro lado destacan en su comunicado que también tiene que ver con la oposición que este pueblo ha mostrado al sistema hidráulico de usos Múltiples “Paso de la Reina” incluyendo tres grandes presas que están por ser impulsadas en tierras de pueblos indígenas en Oaxaca.
Para ver más fotos de la liberación, haz click en la foto.
El 13 de agosto de 2001, Pablo Alvarado, Antonio, Héctor y Alejandro Cerezo Contreras y Sergio Galicia fueron detenidos acusados de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y de ser relacionados con la explosión de petardos en tres sucursales bancarias del Distrito Federal el mismo año. Fueron castigados por delitos de delincuencia organizada.
Según varias organizaciones de derechos humanos, las detenciones presentaron irregularidades: detención y retención ilegal, tortura, incomunicación, detención en el penal de máxima seguridad de “La Palma” en el estado de México, además de ser acusados de ser terroristas.
A raíz de su detención nace el Comité Cerezo, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos de los presos políticos y presos de conciencia. Su labor se abarca la documentación, denuncia, difusión y acompañamiento de varios casos.
El 16 de febrero a mediodía, los dos últimos presos, los hermanos Antonio y Héctor Cerezo Contreras fueron liberados, terminando su sentencia de siete años y medio. Se logró reducir la sentencia inicial de 75 años para todos los sentenciados. Hace 2 años, Alejandro Cerezo Contreras fue liberado y exonerado de todo delito.
El Comité Cerezo, a pesar de haber sido objeto de hostigamiento, vigilancia y amenazas de muerte desde los primeros años de su existencia, afirma que va a seguir dedicando su apoyo a la defensa de los derechos humanos de otros presos políticos y presos de conciencia. “El amor ha crecido para involucrar no sólo a Antonio y Héctor, sino a todo el pueblo que sufre”, dijo uno de los integrantes del Comité minutos antes de la liberación de los hermanos.
El 6 de noviembre, el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (CC-PDPR) y la Comandancia General del Ejercito Popular Revolucionario (CG-EPR) emitieron un comunicado ante la reciente disolución de la Comisión de Mediación (COMED) entre el EPR y el gobierno federal al agotar los cauces legales para dar con el paradero de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada desde el 25 de mayo de 2007 en la Ciudad de Oaxaca. Afirmaron que su detención-desaparición fue parte de un “despliegue contrainsurgente con fines de “limpieza social””. Agradecieron a la COMED y al pueblo organizado que denunciaron “este tipo de barbarie Estatal” y exigieron su presentación. Afirmaron que “(l)a Comisión de Mediación se enfrentó a la violencia institucional y la prepotencia que caracteriza a regímenes autoritarios. También, al igual que nosotros, todo el tiempo se enfrentaron a la censura y autocensura de los medios de comunicación, que mientras no se queme pólvora y corra sangre no se es noticia que venda y por lo tanto no dan voz ni rostro a los desaparecidos, ni a los familiares, mucho menos a quienes valientemente interceden por ellos”. Finalmente alertaron, “(d)el curso que tomen los acontecimientos, el único responsable es el Estado mexicano y sus administradores en turno”.
Escrito por SIPAZ 
