México: Declaración final del Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos

octubre 29, 2010

@mujeresporlademocracia.blogspot.com

En el marco del seguimiento de la Reunión Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, del 14 al 16 de octubre de 2010 se celebró en la  Ciudad de México el Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. En dicho Encuentro participaron más de 60 defensoras de derechos humanos de 20 estados de la república mexicana y de diversos movimientos y organizaciones sociales: feminista, indígena, de liberación de presos y presas políticas, de refugios para la atención de la violencia, de defensa de la tierra, de diversidad sexual, de lucha contra el feminicidio, de desarrollo rural, etc.

Esta reunión estuvo convocada por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Asociadas por lo Justo (JASS) y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez.

La declaración final enfatiza que “Que enfrentamos un Estado fallido que ha renunciado a su obligación de garantizar los derechos de la población y que de forma reiterada utiliza a las instituciones y recursos públicos para atacar, criminalizar y vulnerar la labor de las personas que defendemos los derechos humanos. (…) Que han aumentado el riesgo y los ataques contra las defensoras de derechos humanos de todo el país, siendo particularmente preocupante la situación de las defensoras en estados de la república como Chihuahua, Monterrey, Oaxaca, Chiapas y Guerrero . (…) [Y que] El nivel de impunidad en el que permanecen los casos de agresión en contra nuestra es alarmante y sostiene la cultura de violencia contra las defensoras de derechos humanos”.

Para más información

Declaracion final del Encuentro Nacional sobre violencia contra Defensoras en Mexico (octubre de 2010)

 


Guerrero: breves – Detienen a dirigente de CETEG; Se licitará La Parota: CFE

octubre 27, 2010

Luego de las protestas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) de la semana pasada, el domingo 24 de octubre, agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) de Guerrero detuvieron a Félix Moreno Peralta y Jorge García Hernández, dos de los principales dirigentes de la CETEG. Los dos fueron acusados de ataques a las vías de comunicación. El director de la PME, Fernando Monreal Leyva, dijo en entrevista telefónica con La Jornada que la captura se realizó con base en una orden de aprehensión que emitió el juez primero de primera instancia del distrito judicial de Tabares, del puerto de Acapulco. Ésta sería la primera aprehensión de 40 ordenadas contra docentes acusados de bloquear la Autopista del Sol y avenidas de Chilpancingo, así como de irrumpir en el palacio de gobierno de Chilpancingo para demandar prestaciones y plazas de trabajo.

En entrevista con El Sur de Acapulco, el vocero cetegista Ramón López manifestó a nombre de los cetegistas “nuestro repudio a esta represión de este gobierno de terror de estado, vemos con tristeza que utilice estos métodos para parar la movilización”. En protesta por la detención de Félix Moreno y en demanda de su liberación inmediata, los maestros de la CETEG tomaron las subcoordinaciones de Educación en Chilapa, Tlapa, Acapulco y Costa Chica, además prevén integrar un plan de acción contra el hostigamiento que ejerce el gobierno estatal contra los luchadores sociales. En conferencia de prensa, dirigentes de organizaciones civiles y sociales como el Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), Mineros de Taxco, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la CETEG, entre otras, refrendaron su respaldo al dirigente magisterial detenido, y denunciaron la represión que están sufriendo los dirigentes sociales por parte del gobernador.

Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que en 2011 se licitará el proyecto hidroeléctrico La Parota, ubicado en Acapulco, mismo que implicará una inversión de casi 900 millones de dólares. Alfredo Elías Ayub, director de la paraestatal, aseguró que este proyecto es prioritario para la CFE, por lo cual fue integrado al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, y una vez que sea aprobado en forma definitiva se podrán iniciar los trabajos de la licitación. Declaró que “ya está la aprobación [del Congreso de la Unión] pero todavía hay que terminar de tener a la gente (a los ejidatarios) en la posición en la que vean claramente los beneficios”. Por su parte, Felipe Flores Hernández, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP) dio a conocer que esta organización se reunirá con los miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y solicitará al Congreso de la Unión que no apruebe el presupuesto solicitado por la CFE. Flores Hernández afirmó en entrevista telefónica con La Jornada que no le sorprende que la CFE haya solicitado presupuesto para continuar el proyecto hidroeléctrico. Advirtió que si el Congreso de la Unión no atiende la solicitud de los ejidatarios éstos radicalizarán su oposición a la hidroeléctrica, a través de bloqueos  de carreteras y brechas de acceso a sus poblados para impedir el paso de personal y vehículos de la CFE.

Para más información:

- Toma Ceteg oficinas de la SEG en Chilapa, Tlapa y Acapulco (La Jornada de Guerrero, 26 de octubre)

- Detienen a 2 líderes de la CETEG (La Jornada, 25 de octubre)

- Detienen a dos altos dirigentes de los maestros de la CETEG (El Sur de Acapulco, 25 de octubre)

- En 2011 se licitará La Parota, dice CFE (Milenio, 20 de Octubre)

- Opositores a La Parota acudirán ante la CIDH (La Jornada, 27 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Guerrero: Breves – CECOP recibe medidas cautelares; Informe sobre derechos humanos; Organizaciones civiles siguen pidiendo liberación de Raúl Hernández (3 de julio)

Guerrero: Breves – CECOP se manifieste ante Senado / Conferencia de prensa casos Inés y Valentina (21 de mayo)


Chiapas: poder judicial exige que mina explotada por Blackfire permanezca clausurada

octubre 26, 2010

Protesta contra la empresa minera Blackfire Exporation Ltd. (@Common Frontiers de Canadá)

El martes 19 de octubre determinó el Poder Judicial de la Federación que la mina de barita ubicada en el ejido de Grecia, municipio de Chicomuselo, Chiapas, deberá permanecer cerrada hasta que la compañía canadiense Blackfire, concesionaria del yacimiento, cumpla con las regulaciones ambientales exigidos por la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn) de Chiapas.  Esta decisión es resultado de la apelación que impulsó la Semavihn en contra de un amparo otorgado a Blackfire el 30 de abril que autorizaba la reapertura de la mina que fue clausurada después del asesinato de Mariano Abarca, líder de la oposición local a la explotación mineral, el 27 de noviembre de 2009.

Ésta última decisión de la judicatura la aprobó el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, quien destacó que “Mientras se comprueban los daños que está causando al medio ambiente, no puede seguir trabajando una mina que perjudica a la sociedad y sólo beneficia a unos cuantos empresarios”.  Añadió que pensaba que la decisión tendría el resultado de bajar la presión y la preocupación de la población de la zona afectada por la mina de Blackfire.

La decisión judicial viene una semana después de una marcha realizada en Chicomuselo por la Organización Campesina Emiliano Zapata-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA), la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) en la que se estima que participaron unos 2.000 manifestantes.  La marcha, que pretendía rechazar la resolución autorizando la reapertura de la mina explotada por Blackfire, denunció que las operaciones de minería no traen ningún beneficio para la población local.  Los manifestantes también expresaron su solidaridad con el sacerdote Eleazar Juárez Flores, que ha sido amenazado de muerte por acompañar a grupos opositores a la minería.

Para más información:

Mina de barita en Chiapas seguirá cerrada hasta que cumpla normas (La Jornada, 20 de octubre)

Importante que siga cerrada la mina (Cuarto Poder, 25 de octubre)

Continúa conflicto contra empresa (Cuarto Poder, 18 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Amenaza de muerte al párroco de Chicomuselo (11 de octubre de 2010)

Chiapas: delegación canadiense investiga abusos de explotaciones mineras (2 de abril de 2010)

Chiapas: Matan a Mariano Abarca líder opositor a la operación en una mina (28 de noviembre de 2009)


Chiapas: JBG de Morelia denuncia nuevas agresiones a bases de apoyo cerca de Agua Clara

octubre 26, 2010

El 24 de octubre, la junta de buen gobierno (JBG) de Morelia, Chiapas, denunció una agresión con armas de fuego en contra de bases de apoyo zapatistas en el balneario El Salvador, municipio autónomo Comandanta Ramona, en colindancia con el ejido Agua Clara (Salto de Agua). En los hechos que ocurrieron el 22 de octubre fue detenido uno de los agresores, Manuel Pérez Gómez, quien ubican por  ataques y asaltos en la carretera Ocosingo-Palenque.

La denunicia menciona que “éstos delincuentes son asesorados por el ex militar Carlos Jiménez López, originario del ejido Alan Sac Jun (Chilón)” y recordó que “El 18 de abril de 2009 la policía detuvo a Miguel Vásquez Moreno, base de apoyo zapatista, y a seis adherentes de La otra campaña. Los remitió al penal de El Amate, pero fueron liberados por falta de pruebas. La JBG da a conocer que en mayo del año pasado estos mismos agresores fueron capturados por la justicia autónoma, y estando cumpliendo la sanción de los delitos cometidos, lograron fugarse”.

Por lo que denunció: “Se ve claramente que los 3 niveles del mal gobierno federal, estatal y Municipal, no hacen nada ante éstos sucesos que intimida a la población, resulta que los delincuentes están libres y sueltos, haciendo lo que ellos quieren, mientras que hermanas y hermanos luchadores sociales ellos están tras las rejas, por reclamar justicia y libertad para todos. Los mentirosos gobiernos tanto engañan al decir que combatirá la delincuencia organizada y vemos que es todo al contrario; ellos mismos cubren, protegen y organizan sus exmilitares involucrando a jóvenes en las comunidades con el fin de destruir nuestras raíces y sembrando la intranquilidad en la forma de organizamos como pueblos indígenas”.

Para más información:

- La JBG de Morelia denuncia nuevas agresiones a bases de apoyo, mientras el malgobierno protege a delincuentes (Comunicado de la JBG de Morelia, 24 de octubre

- Denuncian nueva agresión con armas de fuego contra bases de apoyo zapatistas (La Jornada, 26 de octubre)


Oaxaca: asesinado Heriberto Pazos Ortiz, dirigente y fundador del MULT

octubre 26, 2010

El sábado 23 de octubre fue asesinado en Oaxaca de Juárez Heriberto Pazos Ortiz, dirigente y fundador del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).  El asesinato de Pazos Ortiz, que también fue en 2003 co-fundador del Partido Unidad Popular (PUP), que se considera el único partido político indígena en el continente americano, viene menos de dos semanas después de una marcha que realizaron miles de integrantes y simpatizantes del MULT en Oaxaca de Juárez para promover la paz en la región triqui de Oaxaca, y un día después de que también fue asesinado Catarino Torres Peresa, el secretario general del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), en la ciudad de Tuxtepec. Torres Peresa había sido uno de los primeros presos del movimiento magisterial y popular aglutinado en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), e incluso internado en el Centro federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México.

Frente el asesinato de Pazos Ortiz, la dirección política de MULT denunció que el ataque que le ultimó fue una “operación quirúrgica proveniente del Estado”. Expresó que teme que pueda resultar en que se experimente un nivel de violencia aún más alto  en la zona triqui.  Simpatizantes de MULT bloquearon tramos carreteros y avenidas principales de Oaxaca de Juárez tras este acontecimiento.  Gabino Cué Monteagudo, gobernador electo de Oaxaca, acudió a las exequias de Pazos Ortiz, y allí expresó su solidaridad con los integrantes de MULT, prometiendo que no dejará que “el incalificable atentado quede impune” en cuanto llegue a tomar el poder este 1 de diciembre.  “Agresiones en contra de dirigentes y activistas sociales, como el asesinato de Pazos Ortiz, lastiman enormemente al tejido social”, añadió.

Para más información:

Asesinan en Oaxaca al dirigente social Catarino Torres (La Jornada, 22 de octubre)

Reportan la ejecución de líder y fundador del Mult en Oaxaca (La Jornada, 23 de octubre)

MULT: crimen de Pazos puede originar escalada de violencia en la región (La Jornada, 24 de octubre)

Asesinato de Heriberto Pazos no quedará impune: Gabino Cué (La Jornada, 24 de octubre)

Garantiza Gabino Cué que su gobierno investigará el asesinato de Pazos Ortiz (La Jornada, 25 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Oaxaca: nueva emboscade en zona triqui contra individuos que gozaban de medidas cautelares del CIDH (19 de octubre)

Oaxaca: desmantelamiento del municipio autónomo de San Juan Copala (28 de septiembre)


Chiapas: Las Abejas indignadas por la liberación de 15 responsables de la masacre de Acteal

octubre 26, 2010

El viernes 22 de octubre, en el marco de la conmemoración mensual de la masacre de 1997, se llevó a cabo una conferencia de prensa de la asociación civil Las Abejas en Acteal. Durante la conferencia, el presidente de la mesa directiva de Las Abejas, José Alfredo Jiménez, dio a conocer un pronunciamiento de la asociación acerca de la liberación reciente de 15 personas que ratificaron fueron autores materiales de la masacre en Acteal del 22 de diciembre de 1997. La masacre dejó un total de 49 personas indígenas asesinadas, 4 de ellas aún no nacidas. Los liberados fueron beneficiados con la remisión parcial de la pena, y se les otorgó la libertad anticipada. El pronunciamiento de Las Abejas expresa su indignación por la decisión del “mal gobierno de Juan Sabines y Felipe Calderón” mencionando que: “está muy claro que les urge liberar a los autores materiales de la masacre, porque hay una preocupación y miedo de parte de los autores intelectuales que los paramilitares presos confiesen que la orden que recibieron de atacar y meter terror en las comunidades Abejas y zapatistas, venían desde el mal gobierno de Ernesto Zedillo, Emilio Chuayfet y sus cómplices”.

Con la liberación de 34 presos por los mismos hechos el año pasado, ya 49 personas fueron excarcelados del total de los más de 80 detenidos entre 1997 y 1998. Las Abejas denunciaron que estas excarcelaciones han implicado el regreso de varias de estas personas en Acteal o cerca de la comunidad, lo que ha significado el aumento del sentido de inseguridad de las y los sobrevivientes de la masacre. En el pronunciamiento Las Abejas comentaron: “Con esta situación no sabemos lo que nos puede pasar, porque les molesta que seguimos denunciando a los paramilitares y el mundo sabe que las armas que usaron en la masacre ahí están enterradas en las comunidades, porque el gobierno nunca hizo el desarme que tanto exigimos”.

Por su parte, el 21 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas  emitió un comunicado al respecto,  señalando la estrategia del gobierno de sepultar lo ocurrido en Acteal: “la protección del Estado mexicano hacia los perpetradores de la masacre es clara y contundente, ante la insistencia de sepultar los sucesos del 22 de diciembre de 1997, día en que se cometió este Crimen de Estado, y como consecuencia negar la acción paramilitar en las zonas de los Altos y Norte de Chiapas en el marco del Conflicto Armado Interno no Resuelto, donde la estrategia de contrainsurgencia quedó evidenciada ante estos hechos”. De igual manera, el Centro señaló la falta de voluntad de los funcionarios públicos de investigar los sucesos: “La protección se extiende en la nula investigación hacia los autores intelectuales de la masacre, todos funcionarios públicos de ese entonces: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de la República; Emilio Chuayfett, Secretario de Gobernación; Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar; Gral. Enrique Cervantes, Secretario de la Defensa Nacional; Julio Cesar Ruiz Ferro, Gobernador del Estado de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas; Uriel Jarquín Gálvez, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas; entre otros”.

Para más información:

Las Abejas de Acteal dan su palabra sobre recientes liberaciones de autores materiales de la masacre de Acteal (Las Abejas, 22 de octubre)

Excarcelan a 15 personas responsables materiales de la masacre de Acteal (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 21 de octubre)

Vídeo de la conferencia de prensa de Las Abejas: http://acteal.blogspot.com/

Llaman Las Abejas a evitar la liberación de más autores de la matanza en Acteal (La Jornada, 23 de octubre)

Critica Arizmendi la progresiva liberación de indígenas sentenciados por el caso de Acteal (Noticias México, 17 de octubre)

Logran liberación de 15 indígenas más (Cuarto Poder, 15 de octubre)

Para más información de SIPAZ:

Chiapas: Jornada de Las Abejas por la justicia y la verdad (18 de agosto)

Boletín informativo especial sobre el Caso Acteal (30 de agosto 2009)

Chiapas: Comunicado de las Abejas de Actea en el marco de la conmemoración mensual de la masacre (25 de junio)


Chiapas: sigue prevaleciendo la violencia en Mitzitón

octubre 25, 2010

Ejidatarios de Mitzitón, adherentes de la Otra Campaña, han seguido denunciando la tala de árboles, nuevas agresiones y “actos delictivos y de provocación” que atribuyen a seguidores de la organización evangélica Ejército de Dios. Incluso respondieron con su propia carta a la que envió el dirigente evangélico Esdras Alonso González hace un mes al secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. En la misma, afirmaron que “autoridades y funcionarios tienen conocimiento de las amenazas de muerte, los secuestros, torturas, disparos al aire, el asesinato de Aurelio Díaz Hernández, intentos de violación a nuestras compañeras, cicatrizadas por las agresiones con armas blancas, la tala clandestina y el tráfico de personas que han llenado las manos de sangre y los bolsillos de dinero a los paramilitares del Ejército de Dios”.

Por otro lado, los ejidatarios levantaron una denuncia por la tala clandestina de árboles, razón por la cual el Ministerio Público llegó a Mitzitón el martes 19 de octubre a dar fe de ese delito. La asamblea ejidal explicó: “22 compañeros los acompañaron para que constaten lo ocurrido y con la intención de medir los troncos tumbados. Cuatro indígenas, que cuidaban sobre el camino el vehículo del MP, fueron agredidos por 10 paramilitares, que los golpearon salvajemente con la llave de rueda de la camioneta. Además, los amarraron, les pusieron una soga en el cuello como mostrando que los van a colgar y les robaron sus pertenencias. Al vehículo del MP le poncharon las cuatro llantas, con una piedra rompieron el tablero y lo desvalijaron por completo. Veinte minutos después, una comisión de ejidatarios acompañó al MP hasta las afueras de la zona militar de Rancho Nuevo, vecina de Mitzitón. Ahí llegaron los paramilitares y confundieron a dos soldados vestidos de civil con los del MP. Los golpearon, amarraron, y también les pusieron soga en el cuello”.

Dos camiones del Ejército con aproximadamente 24 efectivos lograron rescatar a los soldados. Los ejidatarios de Mitzitón adherentes a la Otra Campaña denunciaron: “Lo que vemos mal es que no rescataron a nuestros compañeros. Hemos escuchado al presidente Felipe Calderón en las noticias diciendo que el Ejército trabaja para nuestra seguridad y para terminar con la delincuencia organizada. Entonces ¿por qué no detuvieron a esos delincuentes que trafican con personas, talan madera, torturan, matan y tantas agresiones cometen? ¿Por qué no rescataron a nuestros compañeros, que su único delito es luchar por defender su tierra, su territorio, sus derechos, su vida y su dignidad?”

Para más información:

Para más información de SIPAZ:

- Chiapas: CDH Fray Bartolomé de Las Casas denuncia criminalización de su trabajo (7 de octubre de 2010)

- Chiapas: Nuevo choque en Mitzitón (8 de septiembre de 2010)


Chiapas: Aceptan indígenas tzeltales violadas por el Ejército Mexicano “reparación del daño” con condiciones

octubre 22, 2010

El 4 de junio de 1994, tres hermanas, de 12, 13 y 14 años de edad, fueron detenidas junto con su madre, Delia Pérez de González, por un grupo de militares en un retén del municipio de Altamirano. Fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares mientras su madre fue torturada y obligada a presenciar la violación sexual cometida contra sus hijas.

El 30 de junio de 1994, las hermanas presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República que declinó su competencia y envió el expediente a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM). La Secretaría de la Defensa Nacional negó los hechos y se archivó el caso en 1996 bajo el argumeno que no se habían cumplido las diligencias necesarias para continuar con las investigaciones.

Dos años después el caso fue presentado ante la CIDH que lo admitió en noviembre de 1999. En abril de 2001 señaló al Estado mexicano como responsable y le recomendó que investigara los hechos completa, imparcial y efectivamente en la jurisdicción penal ordinaria mexicana (civil), para determinar la responsabilidad de los militares, así como la reparación del daño. Como explicó Mercedes Olivera Bustamante, fundadora y asesora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en la conferencia de prensa, la CIHD no envió al Gobierno de México una orden sino una recomendación, ya que México aceptó la jurisdicción de la CIDH hasta 1998, dos años antes de haberse radicado la queja. Nueve años después, dicha recomendación no se ha cumplido.

Dieciséis años después después de los hechos, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, ofreció 500 mil pesos a cada una de las hermanas para reparar el daño, además de programas como seguro médico permanente, becas de estudio para sus hijos y otros proyectos.

Las hermanas González Pérez plantearon frente a esta propuesta “Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre”. Agregaron “ No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas”.

Concluyeron finalmente: “Ahora, como en 1994, condenamos fuertemente los actos cometidos por el Ejército en contra de nuestros cuerpos y nuestros corazones, cuando pasamos por el retén contrainsurgente en Altamirano, Chiapas. Estos actos, que violan nuestros derechos, demuestran la política de terror que ha usado el ejército en contra del pueblo chiapaneco, utilizando a las mujeres como objetivo de guerra. Por lo cual seguimos y seguiremos luchando en contra de todas las acciones del gobierno que quieren silenciar las justas demandas de nuestros compañeros y compañeras. No dejaremos de exigir que los actos del ejército en contra de los derechos de la población se juzguen por autoridades civiles, porque es la única forma en que reconocerán su culpabilidad. Exigimos que se les castigue como corresponde de acuerdo a la ley y ya no se encubra su culpa con el pretexto de proteger al país. Esto es necesario para evitar que el ejército siga violentando los derechos de nuestros pueblos  y su autonomía”.

Para más información:

- Comunicado de prensa (Carta firmada por las hermanas González Pérez y su madre, 20 de octubre de 2010)

- Indígenas aceptan oferta de gobierno (Cuarto Poder, 21 de octubre)

- La historia de tres niñas indígenas violadas por militares (Proceso, 20 de octubre de 2010)

- Sitio Web del Comité Hermanas Gónzalez Pérez: https://hermanasgonzalez.org/


México: Controvertida, la iniciativa de Calderón para reformar el fuero militar

octubre 22, 2010



El 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar que modificaría el fuero castrense de tal forma que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometen los delitos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, serían juzgados en tribunales civiles. Organizaciones de derechos humanos criticaron la iniciativa como insuficiente, pues no acabaría con la impunidad prevaleciente en lo que se refiere a violaciones cometidas por las fuerzas armadas, además de dejar fuera otros tipos de violaciones a derechos humanos.

La iniciativa del Ejecutivo federal contempla que la persecución de los delitos de tortura, violación y desaparición forzada esté a cargo del Ministerio Público federal. Para su investigación, se crearía la Policía Ministerial Militar, subordinada y bajo el mando de la primera. Los servidores públicos que cometan el delito de desaparición forzada, enfrentarían una condena de 20 a 50 años, sin posibilidad de amnistía, indulto o beneficio de preliberación.

Organismos de derechos humanos internacionales criticaron que la reforma impulsada es insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México consideró que la iniciativa abre el camino para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Rosendo Radilla (desaparición forzada) y Valentina Rosendo e Inés Fernández (violaciones sexuales cometidas por elementos del Ejército), sin embargo, indicó, se queda corto ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil, valoración con la que coincidió Amnistía Internacional. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.

Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto que la reforma del Código de Justicia Militar mantiene las condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Las organizaciones destacan que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos por la instancia interamericana “se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles“. Por su parte, el día 21 de octubre, organizaciones civiles y sociales del estado de Guerrero emitieron un pronunciamiento acerca del tema, recordando “que las cuatro sentencias [de la CoIDH] en contra de México (Caso campo algodonero; Caso Rosendo Radilla; Casos Inés Fernández y Valentina Rosendo) están relacionadas con efectivos militares violadores de derechos humanos y tres de estos cuatro procesos tuvieron lugar en el estado de Guerrero.

Para más información:

Más información de SIPAZ:


Oaxaca: liberación de comuneros zapotecos y integrante de UCIZONI secuestrados en el Istmo de Tehuantepec

octubre 21, 2010

El 14 de octubre fue liberado Eugenio Angel Molina, Secretario Municipal de San Juan Jaltepec Yaveo, Oaxaca, y responsable de las oficinas de La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) en María Lombardo, tras haber sido secuestrado el 8 de octubre por individuos que, según Carlos Beas Torres, dirigente de UCIZONI, fueron encabezados por el “narcoganadero” Guillermo Bautista.  Pedro Franco y Andrés Pacheco, comuneros simpatizantes de UCIZONI e indígenas zapotecos, también habían sido secuestrados el 8 de octubre, aunque fueron liberados antes de que se liberara a Angel Molina.

Estas agresiones parecen tener su raíz en conflictos agrarios acerca de unos 6.600 hectáreas que se ubican en la zona de San Juan Jaltepec.  Según Beas Torres, el conflicto ha llegado a que grupos armados han cortado el suministro de energía eléctrica desde  junio pasado, lo cual ha afectado a más de 5.000 habitantes de tres poblaciones indígenas de los municipios de Yaveo y Cotzcon.  Estos grupos armados también han mantenido cerrado el camino de acceso a San Juan y a la cabecera municipal desde marzo, impidiendo entre otras cosas que la ayuda humanitaria internacional destinada a los habitantes de la zona damnificados por la depresión tropical Matthew sea entregada.  UCIZONI exigió que el gobierno estatal dejara de apoyar a la “banda de sicarios” que tiene cercado San Juan.

Para más información:

Mexico: UCIZONI exige la aparición con vida de Eugenio Ángel (Kaos en la Red, 10 de octubre)

Liberan a comuneros zapotecas secuestrados (Comunicado de prensa de UCIZONI, 15 de octubre)

Se moviliza UCIZONI en el Istmo (Notimex, 11 de octubre)


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