Don Samuel Ruiz, obispo emérito y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, C. González Rosas y M.T. Ramirez Vázquez, del FPDT de San Salvador Atenco
El jueves 28 de mayo, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) presentó el “Balance Anual 2008, sobre la situación de los Derechos Humanos en Chiapas” en el CIDECI-Universidad de la Tierra, San Cristóbal de Las Casas. El informe aborda la situación de los Derechos Humanos del periodo de marzo de 2008 hasta marzo del año en curso a través de los ejes temáticos de Tierra y Territorio, Criminalización de la Protesta Social, el Conflicto Armado Interno y Memoria Histórica. Pasando en tela de fondo diapositivas de hechos claves, el Frayba invitó a representantes de diferentes movimientos y organizaciones mexicanas para que dieran su palabra como testimonios de defensa de los derechos humanos y de los pueblos. Al evento asistieron más de 100 personas, entre ellos varios representantes de comunidades indígenas chiapanecas.
Catalina González Rosas y María Trinidad Ramirez Vázquez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México, que al defender su tierra ha sido blanco de la represión por parte del Estado en 2002 y 2006, relataron el proceso de resistencia con sus momentos de miedo, de represión, pero también su proceso organizativo y su mensaje de esperanza. Alejandro Cerezo Contreras del Comité Cerezo se refirió a la agudización actual de la criminalización de la protesta social como grave violación a los derechos humanos. Como ejemplo de ello, tres representantes del Movimiento Campesino Regiona Independiente-Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) hablaron de la lucha de su organización y de la represión que sufrieron en noviembre de 2008 en la Colonia Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez. Después el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó una comparación de la situación de los derechos humanos entre Chiapas y Guerrero evidenciando estrategias muy similares por parte de los poderes de estos dos estados y del gobierno federal. Finalizando la parte de las ponencias, Estela Barco de DESMI, al retomar casos que siguen impunes de desapariciones forzadas de la Zona Norte a finales de los 90, insistió en la necesidad de la memoria histórica de los pueblos “cuando no se puede esperar justicia de las autoridades oficiales”.
El comentario final de Don Samuel Ruiz, fundador del Frayba en 1989 y presidente de esta institución, reflejó una realidad bastante preocupante: Aunque las y los defensores de derechos humanos quisieran que no hicieran falta centros de derechos humanos en Chiapas, la realidad es que el Frayba tiene cada vez más trabajo. Sin embargo, destacó que en los 20 años de su existencia, se ha convertido en un centro de Derechos Humanos de los pueblos indígenas que defienden sus derechos.
El 19 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) convocó a un foro cuyo objetivo era “reabrir el debate, desde diversas perspectivas, sobre el impacto de la ayuda militar estadounidense en la militarización y el respeto a los derechos humanos en México hoy.” Al empezar el día, el director del Centro ProDH expresó una gran preocupación frente a la militarización creciente en el país.
El Centro ProDH destacó que la elaboración misma de acuerdos político-militares bilaterales se puede considerar como una primera violación a los derechos de los pueblos por la falta de participación ciudadana que implican (derecho de acceso a la información y derecho a la consulta). En la actualidad, subrayó que resulta preocupante que a pesar de que no se respetaron los requisitos de derechos humanos incluidos en la Iniciativa Mérida para el 2009 (congelando el 15% de los fondos prometidos), se están negociando fondos adicionales (entre 66 y 470 millones de dólares) sin contemplar ningún condicionamiento de derechos humanos.
Todos coincidieron en que la actual política militarista no sólo provoca violaciones directas a los derechos humanos sino que oculta los temas de fondo que afectan esos derechos, y en particular los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Según el ex General F. Gallardo, la mayor amenaza que enfrenta México hoy no tiene que ver con la defensa de su territorio sino con el colapso de sus sistemas de salud, educación y justicia debido al fallo del proceso democrático y la ilegitimidad de sus dirigentes. El Centro de Derechos Humanos Tlachinolan expuso varios casos que evidenciaron las grandes fallas del sistema judicial mexicano. El Centro ProDH propuso elaborar una base de datos (“No más abusos”) común a todas las organizaciones de derechos humanos para documentar esas graves violaciones y desarrollar una incidencia política más visible.
Con la participación de casi 200 asistentes, el día 18 de mayo, un Espacio Amplio de Reflexión y Análisis sobre el tema “Amenazas sobre la tierra y el territorio indígena y campesino en el sur sureste de México” se llevó a cabo en el CIDECI-Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas. La exposición de diferentes experiencias de organización en torno a la defensa de la tierra y del territorio en los estados de Chiapas, Oaxaca y en Guatemala, permitió visibilizar una problemática común que comparte la población rural, mayoritariamente indígena, del sur de México con los pueblos indios del país vecino: la reivindicación de su derecho a la tierra y al territorio ante la imposición de proyectos de explotación de recursos naturales por parte de los gobiernos y las empresas.
Iniciando con el estado de Chiapas, Luis Abarca del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS) habló de la experiencia que esta organización ha tenido en la lucha por la defensa de la tierra y el territorio como la resistencia civil contra las altas tarifas de la luz y contra programas de privatización como el PROCEDE, entre otros. Mercedes Oliveira del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas enfocó su ponencia en la situación de las mujeres indígenas chiapanecas, resaltando que a pesar de participar en esta lucha, son pocas las mujeres propietarias y que siguen sufriendo exclusión y discriminación por parte de los hombres.
Ana María García de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) expuso los problemas que enfrentan los pueblos indígenas oaxaqueños. Al igual que en Chiapas, las comunidades se ven confrontadas con recibos de luz muy altos; también existen proyectos de presas hidroeléctricas como la del “Paso de la Reina” y minas, que estarían acabando con los territorios de los pueblos, quienes se han estado organizando para impedir que se lleven a cabo.
Ampliando la perspectiva de la temática del foro hacia el sur, los participantes de Atch Mol explicaron el caso de la minería Montana en el departamento de San Marcos en Guatemala, que se extiende sobre un territorio de 20 km² y entre otras cosas contamina el agua de la región. En varias de las comunidades ya se hizo trabajo de conscientización y se llevaron a cabo consultas, que evidenciaron el rechazo rotundo al proyecto. En el país vecino, la construcción de presas hidroeléctricas y la siembra de la palma africana como agro-combustible son otros problemas que comparte con el sur mexicano.
Cabe mencionar que en el espacio participaron representantes de varias comunidades chiapanecas que tomaron la palabra para denunciar los problemas que tuvieron que ver con la problemática tratada. Un representante de los Adherentes de La Otra Campaña del ejido de San Sebastián Bachajón denunció los planes de construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque, que afectaría el ejido. Por organizarse en defensa de su territorio, los Adherentes recientemente han sufrido una fuerte represión, encontrándose presos actualmente siete de ellos. De la región de Motozintla, fue denunciado la explotación de la mina de Chicomuselo que afecta a las comunidades colindantes. La participación de los mencionados y de representantes de otras comunidades enriqueció el encuentro, pues complementó el análisis de los ponentes y dio espacio a los actores locales para informar sobre sus problemas concretos.
El Espacio Amplio de análisis fue convocado por Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” y Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).
En la comunidad Jolaco en el municipio de Tila en la zona Norte de Chiapas se está dando una lucha “contra el capitalismo destructor de la naturaleza y la humanidad”. Diego Martínez López, catequista ch’ol y miembro de la organización de retornados en la zona, Kichan Kichañob, adherente de La Otra Campaña, es ejidatario y dueño de unas hectáreas en el ejido que contienen un tesoro particular: un manantial, grutas y un arroyo con unas hermosas cascadas. Ahí desde siempre la gente de la comunidad ha venido a bañarse y convivir. En el corazón de la montaña, se esconde el nacimiento del agua que corre en el arroyo y varios cientos de metros de grutas y cuevas cubiertas de estalactitas y estalagmitas. Ahí en la profundidad de la montaña, las autoridades religiosas de la comunidad se reúnen para rezar y quemar velas cuando hay sequía.
Desde tiempo gente de ciudad y de otros lados se han acostumbrado a venir a la cascada para bañarse. Diego nunca ha tomado medidas en contra de la gente que llega de fuera, aunque sí se ha molestado con personas que llegan y ensucian el arroyo. Últimamente sin embargo, Diego y la organización Kichan se han encontrado con una nueva problemática. Ya en 1998 el gobierno intentó pavimentar un camino que cruzaría un campo de cafetales perteneciendo a Diego para entrar a las cascadas. Se le prometieron 50.000 pesos para construir el camino y él aceptó. Derrumbaron árboles frutales y cafetales, pero nunca lo indemnizaron por las pérdidas. Finalmente se suspendieron los planes de carretera. Hace menos de un año, volvieron a abrirse en el marco de un nuevo proyecto eco-turístico impulsado por el gobierno. Los planes dividieron la comunidad. Diego y Kichan Kichañob decidieron no optar por el proyecto, mientras la otra parte estuvo a favor de la construcción de una carretera y un complejo eco-turístico en la orilla del arroyo. También se dice que el gobierno municipal de Tila planteó una propuesta para dejar entrar a una empresa embotelladora en el manantial.
Diego sigue insistiendo en que la cascada y el arroyo pertenecen a sus antepasados y a sus familiares, tanto como a la comunidad. No quiere vender su terreno y dice que seguirá hasta que pueda defendiendo su derecho. La otra parte de la comunidad sin embargo insiste en que la cascada es un bien comunal que pertenece a toda la comunidad, y por lo tanto están exigiendo la aceptación del proyecto eco-turístico. El conflicto parece estancado vulnerando la autonomía en la comunidad entre los dos grupos y el desacuerdo que les divide acerca del futuro de la cascada.
El 16 y 17 de mayo de 2009, se realizó una reunión de varias organizaciones de 7 estados de la República mexicana para conformar la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de la luz. En dicho encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones de CIDECI-Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, participaron representantes de 20 organizaciones de Campeche, Chiapas, Chihuahua, el Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz para luchar de forma conjunta contra las altas tarifas de la energía eléctrica y contra la privatización de la misma.
Después de un breve recuento de la historia de la resistencia civil y el no-pago de la luz, que en varios lugares en Chiapas se da a raíz del levantamiento zapatista en 1994, los representantes de cada organización compartieron sus experiencias en esta lucha y la situación que enfrentan actualmente. Además, se hizo un análisis de la política gubernamental en el ámbito de la energía eléctrica, en el que desde hace dos décadas se han dado varias reformas de leyes que favorecen el proceso de privatización de este servicio, que actualmente en México es administrado por el Estado.
Los objetivos de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica son: “Fortalecer nuestras luchas de resistencia contra las altas tarifas de la luz a través de la coordinación a nivel nacional que implica: articulación y vinculación, comunicación, solidaridad, intercambio de experiencias, aprendizajes, ampliación de la red. Luchar por el respeto y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Luchar contra la privatización de la energía eléctrica.”
La Red se va a regir bajo los siguientes principios: “Independiente del gobierno y de los partidos políticos, democrática y de lucha; Solidaria: ’si tocan a unos, tocan a todos’; No negociar salvo cuando tenga que ver con el respeto a nuestra organización o movimiento; Reconocer y respetar nuestras diferencias y diversidades. Reivindicamos que la energía eléctrica es del pueblo”.
En un comunicado reciente, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) denunció que desde la mañana del 8 de mayo, se percibió la movilización de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en las calles de la ciudad de Oaxaca, especialmente en el Centro. Señaló que los policías se encuentran acantonados en el Hotel Parador Crespo, a dos cuadras de la casa autónoma solidaria oaxaqueña de trabajo autogestivo CASOTA lugar del movimiento.
El comunicado enfatizó: “Las dimensiones del operativo y la similitud con el realizado en 2006 en esta ciudad nos obligan a alertar a todos los pueblos solidarios del mundo acerca de la posibilidad de una nueva represión, pues ese mismo Hotel sirvió de alojo para los agentes federales para establecerse en Oaxaca durante los operativos de la Policía Federal Preventiva en 2006.
Por otro lado, en una Acción Urgente del 11 de mayo, el Comité 25 de Noviembre, una organización civil independiente, creada para la defensa legal y de derechos humanos ante las diversas agresiones que muchas personas sufrieron en el contexto del conflicto de 2006 en Oaxaca denunció nuevas agresiones y dilación de la justicia en la investigación de las mismas por parte de la Procuraduría General de la República, PGR.
Finalmente, el 8 de mayo de 2009, la Comisión Interamericana (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Marcelino Coache Verano y su familia. En marzo de 2009, Coache Verano, líder social y miembro del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores al Servicio del Municipio de Oaxaca de Juárez, denunció haber sido abordado por extraños, quienes lo trasladaron a un lugar desconocido, donde fue quemado con cigarro en partes sensibles del cuerpo. Sus familiares a su vez denunciaron haber recibido amenazas telefónicas en abril de 2009. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de México adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios, así como informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas.
El 7 de mayo de 2009, la Junta de Buen Gobierno “Corazón del arcoíris de la esperanza” del Caracol IV “Torbellino de nuestras Palabras” de Morelia publicó un nuevo comunicado exigiendo la libertad inmediata de los detenidos de Bachajón que se encuentran actualmente en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 (EL AMATE), y denunciando “la campaña de contrainsurgencia” llevada a cabo por el gobierno de Sabibes en varios municipios de la zona Zot’z Choj.
Respecto a los detenidos, denunciaron: “Por incapacidad de Juan Sabines de sus represores han torturado compañeros nuestros injustamente mientras los verdaderos delincuentes están gozando la libertad en sus casas y públicamente queremos demostrar la incapacidad de gobierno represor. (…) En cambio nosotros los que trabajamos en la Junta del Buen Gobierno, con humildad, queremos demostrar nuestra capacidad de aplicar la justicia verdadera”. Afirmaron tener en su custodia a dos personas que denunciaron a su vez a los que los contrataron, “los verdaderos asaltantes”. Agregaron al respecto: “Estas personas son los verdaderos asaltantes que han venido violando el libre tránsito Ocosingo Palenque, y las policías que patrullan este tramo sólo han servido de estorbo porque no han hecho nada, pero sí son muy buenos para violar los derechos de nuestros compañeros”.
El 8 de mayo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que se le notificó que se les había dictado el auto de formal prisión a Alfredo Gómez Moreno, Gerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Pedro Demeza Deara, Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza Jiménez, integrantes de La otra Campaña y a Miguel Vázquez Moreno, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del ejido San Sebastián Bachajón del municipio de Chilón.
En la mañana, alrededor de 350 ejidatarios de San Sebastian Bachajón, habían realizado una marcha-mitin en la cabecera municipal de Ocosingo para exigir la liberación de los 8 indígenas tseltales que permanecen presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 4 de Cintalapa, Chiapas.
El día 6 de mayo, cientos de organizaciones civiles de México mandaron una carta a los encargados del Senado de los Estados Unidos instándoles a reconsiderar el financiamiento militar incluido en la Iniciativa Mérida. Este semana, el Congreso de los EEUU está considerando aumentar el apoyo militar y policiacó a México en el marco de dicha Iniciativa.
La carta, firmada por varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones no-gubernamentales, subrayó el aumento de violaciones de derechos humanos que ha acompañado la militarización en el marco de la guerra contra el narco-trafico. Propusieron que los fondos no deberían ir a las fuerzas armadas sino que deberían ayudar a fortalecer instituciones civiles. La carta destacó que “En particular hacemos un llamado para que se considere cómo los Estados Unidos puede llegar a dar una respuesta integral al tema de la seguridad, basada en atender las causas de fondo de la violencia en México y el respeto a los derechos humanos, y no en una lógica bélica.”
La carta subrayó que en vez de continuar con la militarización y la guerra armada contra el narco-trafico, los gobiernos de los EEUU y México deberían enfocarse en mejorar lel tratamiento para drogadictos, reducir el flujo de armas hacía México, abordar las causas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, y además deberían fortalecer las instituciones civiles y promover mejores sistemas de justicia.
El día 6 de mayo, pobladores que habían bloqueado las entradas del proyecto de la empresa minera Cuzctalán en el municipio de San José del Progreso desde el 16 de marzo de este año, fueron desalojados por efectivos de la policía estatal y federal. Movimientos y organizaciones en Oaxaca como Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), El centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCA-DH) y la Comisión Diocesana Justicia y Paz, denunciaron el uso excesivo de la fuerza pública ante la resistencia de ciudadanos exigiendo el derecho a su tierra, tanto como el abuso y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas.
Doce pobladores fueron detenidos en el desalojo y un policía herido según algunas fuentes. VOCAL señaló en su denuncia que “según información de compañeros que se encuentran en el lugar, aproximadamente 1500 policías desalojaron el plantón que exige la suspensión definitiva de los trabajos de la minera, 12 compañeros fueron detenidos (desconocemos sus nombres), 4 compañeros tienen Orden de Aprehensión, 5 comunidades se encuentran cercadas por la policía hasta estos momentos.”
Cabe recordar que el 14 de marzo 600 afectados por las minerías canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de la subsidiaria mexicana, “Compañía Minera Cuzcatlán” decidieron organizarse para frenar el avance de los proyectos. Estas empresas abarcan aproximadamente 54.000 mil hectáreas en el pueblo San Jerónimo Taviche, municipio de Ocotlán. En una asamblea solicitaron el apoyo de sus representantes “salvaguardar sus territorios”, petición que fue negada por el presidente municipal. Frente a ello, la decisión de cerrar “de forma ordenada y pacífica las instalaciones de la mina” fue tomada e implementada por estas 600 personas en un bloqueo que se estableció el 16 de marzo. Desde el día 20 de marzo se denunció que el bloqueo había sido amenazado por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal en varios operativos policíaco-militares.
Escrito por SIPAZ 
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