Los días 20 y 21 de abril de 2009, se llevó a cabo el “Foro Internacional sobre la Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social” en Chilpacingo, capital del estado de Guerrero, convocado por varias organizaciones guerrerenses de derechos humanos y la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF, de los Estados Unidos), con el fin de posicionarse frente a la grave situación enfrentada por los defensores de derechos humanos en México, y en Guerrero en particular, así como trabajar sobre las posibles respuestas frente a ella. El largo título del foro se debe al concepto amplio de defensores de derechos humanos manejado (el de la ONU), concepto que va más allá del trabajo jurídico y integra a muchos movimientos de protesta social.
Katya Salazar, directora del DPLF, y Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, introdujeron el foro denunciando la tendencia general de criminalización de los defensores de derechos humanos en el país que empeoró en los últimos meses y se agudizó particularmente en Guerrero con los casos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que fueron secuestrados, torturados y ejecutados el mes de febrero, el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla por razones de seguridad, y las amenazas y violaciones sufridas por integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me pahaa (OPIM). Emilie Joly, del DPLF, subrayó que en Guerrero existe un patrón de criminalización de los defensores de los derechos humanos en tres pasos : cierre de los canales de diálogo y negociación, represión de las protestas civiles y pacíficas y uso del poder judicial en contra de los defensores de derechos humanos (delitos desproporcionados o fabricados en contra de ellos y falta de investigación de las amenazas o violaciones sufridas por ellos).
El lunes, se realizaron tres paneles:
-Panel 1: los alcances del sistema interamericano
-Panel 2: Experiencias comparadas de América Latina
-Panel 3: Experiencias de México
El día siguiente las mesas de trabajo para analizar la realidad y valorar estrategias de acción concluyeron con una declaración final incluyendo varias denuncias y exigencias.
El día 21 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución a través de la que exigió al gobierno Federal y al de Guerrero de implementar medidas de protección para 107 defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. 41 de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), los integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) y los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos defensores de derechos humanos asesinados en febrero de 2009, y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan).
Las medidas cautelares fueron otorgadas por una petición del 7 de abril y demuestra la falta de condiciones adecuadas para la realización del trabajo de los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero. Después de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, las amenazas en contra de defensores de DDHH se han intensificado. Se han denunciado constantes amenazas de muerte en contra de familiares de Lucas Lucía y Ponce Rosas, así como en contra de los integrantes del CDHM Tlachinollan. También los integrantes de la OPIM han recibido amenazas por su trabajo en la región de Ayutla de los Libres.
En respuesta al llamado de organismos de DDHH nacionales e internacionales para implementar medidas de protección en favor de los defensores de derechos humanos en Guerrero, el gobierno del estado destacó que no se puede dar protección especial para algunos ciudadanos. Según la Jornada de Guerrero, el Secretaría de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, dijo que “no sólo las organizaciones sociales tienen derecho a la protección”. En respuesta Abel Barrera, el director del CDHM Tlachinollan, denunció la falta de voluntad política para proteger el trabajo de derechos humanos.
El día 27 de abril se difundió una Acción Urgente por parte de varias organizaciones de Oaxaca que están dando seguimiento al caso de Marcelino Coache Verano, dirigente de la APPO quien fue secuestrado y torturado el 4 de marzo de este año. Los nuevos hechos que impulsaron la Acción Urgente sucedieron el 25 de abril. Se trata de hostigamiento telefónico y amenazas de muerte en contra de la esposa de Marcelino Coache tanto como en contra de las abogadas en el caso: Alba Cruz Ramos del Comité 25 de Noviembre, Yesica Sánchez Maya de Consorcio y Beatriz Casasa Arellanes Barcadh y el padre Romualdo Francisco Mayrén Peláez (el padre Uvi) que también está dando seguimiento al caso.
Según la Acción Urgente: “estos hechos constituyen un obstáculo al trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos de los y las defensoras de derechos humanos, reconocidos como un derecho fundamental en la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, aprobada por Naciones Unidas el 9 de diciembre de de 1998. Por lo tanto responsabilizamos al Gobernador C. Ulises Ruiz Ortiz, Procurador de Justicia del Estado C. Evencio Nicolás Martínez Ramírez y al Secretario de Seguridad Pública C. Javier Rueda Velazquez de cualquier agresión, ataque físico, moral y psicológico de nuestros compañeros en riesgo”.
Entrevista a comisionado del ejido de San Sebastián Bachajón
El día 24 de abril se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) con ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña convocada por el EZLN. Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón denunciaban la incomunicación y arraigo de 8 “compañeros” detenidos entre el 13 y el 18 de abril así como la actitud de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos de los Indígenas y Campesinos (OPDDIC) que según la denuncia colaboraron con las fuerzas federales y estatales durante el intento de desalojo del bloqueo carretero, y la destrucción y robo de la caseta de cobro en Agua Azul el 17 de abril.
El CDHFBC expresó por su parte su preocupación por la militarización que se ha dado en el estado y por el uso de las fuerzas públicas y leyes en el intento de “desanimar a la población que se organiza para la defensa y ejercicio de sus derechos humanos”. También denunció que “en los últimos meses hemos monitoreado que el Gobierno Mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, ha implementado una política de persecución y criminalización en contra de movimientos y organizaciones sociales disidentes”.
“Los pobladores del ejido San Sebastián Bachajón, Adherentes de La Otra Campaña son parte del movimiento indígena, que se contrapone a los planes neoliberales de despojo del territorio y depredación de los recursos naturales. La región de Agua Azul ha sido por muchos años zona turística cuyas cuantiosas utilidades son aprovechadas por intereses ajenos al pueblo tseltal de Bachajón. Región clave del proyecto ecoturístico y arqueo-eco-turístico como parte de la Rivera Maya, que está recibiendo un fuerte impulso del gobierno del estado para la inversión extranjera.”
El caso de los tzeltales de San Sebastián Bachajón además fue contextualizado como un ejemplo de lo que está sucediendo en toda América Latina con pueblos originarios “que reivindican su derecho al territorio y a la autodeterminación”.
“El contexto de los eventos mencionados se dan en una clara postura de contrainsurgencia, implementada por el Gobierno Mexicano, mediante acciones coordinadas de información y operación por el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatal”. El CDHFBC subrayó que el “operativo policíaco fue motivado a partir de información facilitada por inteligencia militar, como lo reconocieron a este Centro de Derechos Humanos, funcionarios del gobierno estatal”.
Se mencionó finalmente que los ocho arraigados siguen en la casa de arraigo “Quinta Pitiquito” en el municipio Chiapa de Corzo. El Centro denunció que el sistema de arraigo, que desde la entrada de la reforma penal en junio de 2008 es constitucional en México, sigue siendo una “sistemática violación a los derechos humanos” y las casas de arraigo “un espacio de coerción y tortura”.
El día 23 de abril, dos fuentes distintas informaron de una incursión militar en la comunidad indígena Chatina de San Miguel Panixtlahuaca, distrito de Juquila en la costa de Oaxaca. Voces Oaxaqueñas construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) denunciaron que “a partir de las nueve de la mañana 15 camiones tipo torton llenos de soldados armados y encapuchados del ejercito federal arribaron” sitiando la comunidad “con retenes (…) no dejando entrar ni salir a nadie y además empezaron a catear las casas de los pobladores en busca de armas”.
En el portal “Punto y Aparte” también se menciona que el operativo forma parte de una “campaña nacional de despistolización”. Sin embargo, integrantes de la Sección XXII informan que más allá de una campana rutinaria, la presencia de los 300 efectivos castrenses “que traían la cara cubierta” estaba vinculada con el hecho que traían fotos de “tres personas específicas a quienes estarían buscando en relación con un supuesto campamento guerrillero que opera en la zona desde el 2000”. Se teme que el estado se vaya convirtiendo en “un laboratorio para el ejército mexicano, que tiene como prioridad por órdenes de Felipe Calderón, encontrar y liquidar a miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).”
El operativo parece haber acabado sin un saldo de detenidos pero dejó la población alarmada. VOCAL sigue denunciando en su comunicado que la incursión militar forma parte de “la represión que los malos gobiernos federal y estatal siguen lanzando contra las comunidades, las personas y las organizaciones que se levantaron en 2006 en contra del mal gobierno del asesino Ulises Ruiz porque esta comunidad tuvo una participación destacada en el 2006, año cuando empezó el levantamiento de los pueblos de Oaxaca”. Por otro lado destacan en su comunicado que también tiene que ver con la oposición que este pueblo ha mostrado al sistema hidráulico de usos Múltiples “Paso de la Reina” incluyendo tres grandes presas que están por ser impulsadas en tierras de pueblos indígenas en Oaxaca.
El Servicio Internacional para la Paz expresa su fuerte preocupación por una serie de hechos derivados de la detención de 6 Indígenas Tzeltales habitantes del Ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas. Los detenidos sufrieron entre otros: tortura, malos tratos; falta de acceso adecuado a asistencia jurídica y a un traductor que hable su idioma; incomunicación; estigmatización en medios de comunicación.
Por otro lado, integrantes de la Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón organizaron un bloqueo para exigir la liberación de los detenidos. Unos días después se detuvo a dos personas que fueron reportadas desaparecidas por varios días. También se denunciaron múltiples acciones de represión y criminalización de la protesta social y de defensores de derechos humanos que han dado seguimiento a los casos.
El día lunes 20 de abril David Venegas Reyes “Alebrije” recibió libertad absoluta por la acusación de posesión con hipótesis de cocaína y heroína que era el ultimo proceso penal de los dos por los que estuvo encarcelado durante once meses. David Venegas salió libre el 5 de marzo “totalmente exonerado de los delitos de la quema de edificios el 25 de noviembre pero aun bajo proceso por el delito de posesión con hipótesis de venta de cocaína y heroína”. Lleva por lo tanto más de un año de libertad condicionada que implica ir a firmar cada quince días ante el juez.
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) señala en su comunicado del 21 de abril que la sentencia “lejos de ser producto de la salud o rectitud del sistema judicial mexicano, fue arrancada por la fuerza del movimiento popular y con la solidaridad de compañeros y compañeras de todo México y varios pueblos del Mundo. El sistema judicial en México está corrompido hasta sus entrañas y es un vil instrumento de los gobernantes en turno para someter y reprimir a quienes luchan por justicia y libertad.”
Cabe recordar que desde su liberación en marzo de 2008, David Venegas ha trabajado por la liberación de otros presos que se asumen como “presos políticos” en Oaxaca y en Chiapas donde mostró su solidaridad en el plantón que se dio frente al palacio del gobierno en Tuxtla en marzo de 2008 para la liberación de los presos en huelga de hambre. El 12 de abril también se dio una Semana Político Cultural por parte de familiares y amigos de los presos tanto como miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para la liberación de los presos de la APPO: Víctor Hugo Martínez, Miguel Angel García, Pedro Castillo Aragón y Juan Manuel Martínez.
El día 20 de abril, la organización “Sociedad Civil Las Abejas” manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pudiera conceder amparos a 12 “paramilitares” sentenciados por la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997*, que al ganar los amparos quedarían en libertad. En una conferencia de prensa, realizada en las oficinas del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” (Frayba) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, representantes de la organización civil y testigos de la matanza insistieron en que los 12 hombres encarcelados pertenecen al grupo de autores materiales, lo que ha sido puesto en duda por parte de la defensa legal de los encarcelados.
Las Abejas denunciaron que los 12 presos señalan como supuestos culpables a 9 hombres, entre ellos Antonio López Hernández, quien es miembro de Las Abejas y testigo clave por saber “cómo se repartieron las armas entre los paramilitares, y por eso lo culpan de tener responsabilidad”. Según la organización de las víctimas de la masacre, la defensa trata de involucrar a los sobrevivientes, acusándolos de tener armas, y caen en contradicciones al identificar a miembros de Las Abejas como zapatistas y acusarlos de haber planeado y participado en la masacre de sus propios familiares. Las Abejas rechazaron la versión que manejan el Estado mexicano y algunos medios de comunicación de que la masacre fue resultado de un conflicto religioso. En su boletín de prensa, resaltaron la responsabilidad en el crimen de quienes en el tiempo de los hechos ocuparon puestos públicos de alto nivel como el entonces Presidente de la República Mexicana, Ernesto Zedillo Ponce de León, el Secretario de Gobernación, Emilio Chauyffet Chemor; Secretario de la Defensa Nacional, General Enrique Cervantes; Comandante de la VII Región Militar (la cual abarca el estado de Chiapas) y Comandante de la Fuerza de Tarea Arcoiris, Mario Renán Castillo; así como la responsabilidad de varios funcionarios de nivel estatal y municipal.
Por su parte, el Frayba, representante legal de los sobrevivientes de la masacre, emitió una Acción Urgente ante el riesgo de que sean liberados los 12 encarcelados. Para los defensores de derechos humanos, “los hechos previos de violencia que llevaron a la Masacre, y por supuesto ésta en sí misma, constituyen un crimen de lesa humanidad, que se perpetran en el marco de la implementación de una estrategia contrainsurgente fomentada y permitida por el Estado Méxicano”. Señalan que en el contexto de la contrainsurgencia aplicada por el gobierno mexicano, “el Estado creó, financió, entrenó y encubrió a grupos paramilitares para cometer ataques sistemáticos contra la población civil”. El Frayba solicita a la sociedad civil pronunciarse en contra de la continuidad de la estrategia contrainsurgente y el actuar de los grupos paramilitares, ya que “se corre el riesgo de la reactivación de sus acciones violentas”. De conceder los amparos a los 12 paramilitares, estos quedarían en libertad sin posibilidad de apelar esta decisión, puesto que la SCJN es el máximo órgano del sistema de justicia mexicano, y según las leyes mexicanas, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
* Cabe recordar que en la masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 personas, en su mayoría niños y mujeres, y que 4 de las mujeres estaban embarazados. Hasta la fecha, Las Abejas siguen reclamando que se haga justicia, porque a su consideración, no se ha procedido en contra de todos los involucrados en este crimen, sobre todo los autores intelectuales.
Los días 17 y 18 de abril tuvo lugar el “Foro Tejiendo Resistencias por la Defensa de Nuestros Territorios” en el municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca, convocando a más de 400 personas. Comunidades indígenas de Oaxaca y de otros estados, tanto como organizaciones estatales, nacionales e internacionales (incluyendo a SIPAZ) se reunieron para hablar y reflexionar sobre “el fuerte embate de parte de los gobiernos por impulsar grandes proyectos de “desarrollo” e inversión y políticas públicas que atentan contra nuestros territorios y recursos naturales”. De Chiapas asistieron compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Cruztón, Comalapas y San Cristóbal de las Casas.
En la Declaración política del Foro, las comunidades y organizaciones afirmaron que ”frente a esta embestida se experimentan procesos de organización local y regional en defensa de los territorios. En este Foro Nacional, nos pronunciamos contra esta acción gubernamental así como de empresas privadas que pretenden apoderarse de nuestras riquezas.”
En las mesas de trabajo los participantes discutieron y reflexionaron sobre las condiciones en sus comunidades y estados, coincidiendo en que “no se trata de cuidar solo una cosa, sino a todo”. Las problemáticas nombradas incluyen la privatización de tierras y recursos naturales, la contaminación ambiemental, la construcción de presas, la contaminación del maíz, imposición de concesión de agua y medidores volumétricos. Se enfatizó que “el agua es sagrada, no habría que pedir por tenerla, pertenece a todos, y no la podemos privatizar”.
Finalmente la Declaración política se pronunció “en contra de todos los Mega proyectos y políticas de gobiernos que atentan en contra de nuestros territorios, instituciones comunitarias y recursos naturales” y en particular a favor de la suspensión definitiva del Proyecto de Explotación Minera de San José Progreso, Ocotlán; el Proyecto Hidroeléctrico de Usos Multiples Paso de la Reina en la costa de Oaxaca, la Presa El Zapotillo, Jalisco y el Proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, Guerrero.
El día 17 de abril en Oaxaca de Juárez, más de 20 organizaciones se manifestaron contra los homicidios de mujeres y a favor del esclarecimiento de los feminicidios en Oaxaca. En la rueda de prensa que se dio, las organizaciones representadas demandaron justicia en los casos de mujeres asesinadas. Según el comunicado de prensa que se leyó en lo que va el año, hubo”13 asesinatos en Oaxaca” y “la impunidad campea en Oaxaca”. Exigieron que la “procuraduría presente de manera inmediata al o los asesinos de mujeres” tanto como un alto al “machismo que permea en el gobierno y que siga cobrando las vidas de las mujeres”.
Denunciaron que “la violencia feminicida coloca a Oaxaca en segundo lugar en la estadística nacional de homicidios cometidos contra mujeres y niñas, según el informe Violencia Feminicida en Oaxaca de la Cámara de Diputados Federales. 549 mujeres fueron asesinadas en los últimos 10 años. De acuerdo a los datos oficiales, en promedio casi cinco (4,8) mujeres fueron ultimadas cada mes en Oaxaca.”
Finalmente firmaron que “urge la aprobación del reglamento de la ley de violencia contra las mujeres”.
Escrito por SIPAZ 
