En un comunicado del 26 de noviembre, en nombre de la Comisión Sexta y de la Comisión Intergaláctica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el teniente coronel Moisés y el subcomandante Marcos presentan “los avances para la celebración del Primer Festival Mundial de la Digna Rabia”. El evento está por realizarse en la Ciudad de México entre los días 26 a 29 de diciembre del 2008, y en San Cristóbal de las Casas los días 2 a 5 de enero de 2009.
El comunicado informa que hasta la fecha se han registrado personas, colectivo y organizaciones de 21 países. En la Ciudad de México, se realizaría un foro “Las cuatro ruedas del capitalismo” centrado en la explotación, el despojo, la represión y el desprecio. En la parte del evento por realizarse en San Cristóbal de las Casas, se anunció la participación de integrantes del movimiento de los Sin Tierra de Brasil y de Vía Campesina, así como entre otros, de Raúl Zibechi, Pablo González Casanova, Adolfo Gilly, John Halloway, Luis Villoro y Michael Hardt.
Las instalaciones del Monitor Civil de la Policía y las Fuerzas de Seguridad Pública de la Montaña de Guerrero en Tlapa de Comonfort [Fuente: Insyde]
El Monitor Civil de la Policía y Fuerzas de Seguridad en la Montaña de Guerrero ha documentado 117 casos de abuso policiaco desde su inicio en noviembre de 2007.
El Monitor Civil fue creado por parte del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Fundar-Centro de Análisis e Investigación y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ (CDHM Tlachinollan) para promover la idea que las funciones de la policía deben ser “la atención prioritaria al ciudadano, el respeto a la ley; el respeto a los derechos humanos y; la transparencia”.
En su comunicado de prensa, el CDHM Tlachinollan destacó que las principales quejas que el Monitor Civil ha recibido están relacionadas con varias agencias de las Policías Preventivas Municipales y la Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Las quejas varían entre multas excesivas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, allanamientos de morada, inejecución de órdenes de aprehensión, entre otros. La violación que apareció con más frecuencia fue la detención arbitraria de personas. Esto implica que el individuo fue detenido “sin que medie flagrancia en el delito, falta administrativa u orden de aprehensión”.
La segunda violación más recurrente fue la de multas excesivas. El comunicado del CDHM Tlachinollan explica que “Direcciones de Seguridad Pública de los ayuntamientos de la región son concebidas como fuentes de ingreso para la administración pública municipal y por ello se efectúan cobros excesivos por conceptos de multas”.
También cabe señalar que un 16% de las quejas fueron presentadas por parte de agentes policiacos en casos de violaciones laborales.
Según el comunicado del 24 de noviembre, “Históricamente las instituciones policiacas fueron creadas para proteger los intereses políticos de los funcionarios en turno, sin embargo, hoy debemos acuñar el concepto de seguridad ciudadana como el eje de actuación de las corporaciones justamente porque su labor debe estar encaminada a la atención prioritaria del ciudadano”.
A dos años de la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de corporaciones policíacas locales contra el movimiento magisterial-popular en Oaxaca, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) denunció en su último boletín de prensa que la situación de impunidad “se mantiene en los mismos términos”, con respecto “a los autores materiales e intelectuales de las graves violaciones ocurridas”. La Comisión recordó que el conflicto tuvo un saldo de 23 muertes y de más de 450 personas detenidas, además de generar “una larga serie de denuncias por delitos de tortura, tratos crueles y degradantes, desaparición forzada de personas, así como privación ilegal de la libertad durante los meses de mayo a noviembre de año 2006″.
La CCIODH afirmó también que la desprotección de las víctimas es “manifiesta”. Destacó como particularmente delicada la situación en cual se encuentra la investigación sobre el asesinato del periodista estadounidense Bradley Will y, de manera más general, las condiciones a las que se enfrentan periodistas y radios locales en el estado.
El 25 de noviembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer en el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2008, que “por tercer año consecutivo” Chiapas conjuntamente con 7 otros estados “tienen calificaciones reprobatorias ” en materia de derechos humanos. La CNDH también subrayó que “El mal funcionamiento de los reclusorios en la mayor parte del País prevalece como uno de los eslabones más débiles de la seguridad pública”.
En el caso de Chiapas, el inicio de una huelga de hambre de decenas de presos en tres reclusorios chiapanecos en febrero de este año visibilizó la problemática carcelaria así como las deficiencias del aparato de justicia. En el conjunto y desde esta fecha, el gobierno de Chiapas afirma haber liberado a más de 300 pres@s, pero sin dar a conocer un listado de nombres, o información sobre su posible afiliación política u organizativa. 41 de ellos habían participado en la huelga.
Entre los presos que iniciaron la huelga de hambre seis personas siguen privadas de su libertad, todas pertenecientes a los grupos “La Voz del Amate” y “La Voz de Los Llanos”, organizaciones adherentes a la Otra Campaña.
Pedro Castillo Aragón y Víctor Hugo Martinez Toledo
Según información difundida por organizaciones sociales de Oaxaca -el Comité de Presos Políticos de Santa María Ixcotel, el Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) y Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)-, 11 presos habrían sido trasladados “de la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, Oaxaca a un lugar hasta el momento desconocido el día de hoy 27 de Noviembre de 2008″. Se desconoce la identidad de 9 de los presos, pero el pronunciamiento circulado señala en las personas trasladadas a Pedro Castillo Aragón, integrante del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) organización integrante de la Asamblea Popular de Los Pueblos de Oaxaca (APPO), adherente a la Otra Campaña y parte del Comité de Presos Políticos de Santa María Ixcotel; así como a Víctor Hugo Martinez Toledo, integrante de la APPO. Familiares y amigos denuncian: “Hasta el momento (…) desconocemos el lugar al cual fueron llevados, las razones verdaderas de su traslado, así como su estado físico y emocional.” No ha habido una declaración pública por parte de las autoridades con respecto al traslado.
El 22 de noviembre, en el marco de la conmemoración de la masacre de Acteal, la organización civil Las Abejas difundió un comunicado en el que denuncian nuevos intentos para cooptar y dividir a la población de Chenalhó a través de proyecto. El comunicado destaca que durante su reciente visita al municipio, el gobernador Juan Sabines Guerrero estuvo repartiendo pollos y molinos. Las Abejas también expresaron su preocupación por los cambios en el gabinete estatal, en particular el nombramiento de Noé Castañón León como secretario de Gobierno.
La organización Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), organización en resistencia en contra de las altas tarifas de energía eléctrica en la zona Norte del estado, lleva años denunciando las políticas de tarifas injustas. En su reciente comunicado, el nuevo programa implementado por el gobierno de Chiapas de Juan Sabines Guerrero llamado “Luz Solidaria” está siendo escrutinizado. El programa consiste en un subsidio, una “tarifa preferencial” para el pago de la luz pero según el comunicado mantiene intactas las altas tarifas y es utilizado como un medio para mantener a las comunidades divididas, así como para controlar y antagonizar la resistencia.
Denuncia publica del PUDEE del 23 de noviembre de 2008:
El 15 y 16 de noviembre de 2008, SIPAZ asistió al Encuentro “Nuestras Voces de Lucha y Resistencia” en el Foro Ecológico de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Contó con la participación de unas 200 personas y varias organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, el Colectivo Magisterial y Popular 14 de junio, la Asamblea en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo Solidario La Venta, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Mexicana AntiMinera (REMA) la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), así como comuneros de varias comunidades de la región.
Los temas que se abordaron en el encuentro incluyeron: Luchas y Resistencias en el Istmo de Tehuantepec; Proyecto Mesoamericano y sus componentes (incluyendo los que tienen que ver con el Mega Proyecto Eólico e infraestructura de carreteras); Desregulación agraria como el Procede y nuestros derechos constitucionales violentados; La economía del despojo y los Mega Proyectos; La deuda ecológica. El segundo día del encuentro los participantes visitaron los Parques Eólicos de La Venta II y La Venta IV.
Terminaron el encuentro con una declaración final en la cual señalan que: “Nos pronunciamos por un NO rotundo a los proyectos de carreteras, presas, minas y eólicos trasnacionales, porque no son para el desarrollo comunitario, ya que nos desplazan y despojan de nuestros territorios… sólo han representado beneficios económicos para empresarios y gobierno”.
Abajo se encuentra el audio de la ponencia de Teodosio Ángel Molina de la UCIZONI en el cual habla de la historia de la resistencia en la zona y su análisis a la fecha.
El 16 de noviembre, en el marco del Encuentro “Nuestras Voces de Lucha y Resistencia”, se realizó una visita a los parques eólicos de La Venta II y La Venta IV en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.Alejo Girón, comunero de La Venta, explicó a los presentes, cuales son las empresas transnacionales que manejan los aerogeneradores y cuales son las que se benefician de la energía que producida.
Agregó que el conflicto en la zona ya tiene casi 20 años, tiempo durante el cual más de 60 mil hectáreas han sido objetos de contratos ‘amañados’ que comuneros y ejidatarios fueron presionados a firmar por parte de empresas transnacionales así por parte del gobierno federal, estatal y municipal.Estos contratos de arrendamiento permiten que las empresas alquilen las tierras por 60 años para el precio de 150 pesos mexicanos anuales por hectárea. Las empresas señaladas por los comuneros y ejidatarios incluyen las españolas ENDESA, GAMESA, Unión FENOSA, PRENEAL e IBERDROLA.
Los representantes comunitarios han denunciado el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT por parte del gobierno federal así como del estatal al no garantizar el derecho de los pueblos indígenas a ser informados y consultados en asuntos como el Megaproyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec. Por eso hablan del engaño no solo por parte de las empresas trasnacionales sino por parte del propio gobierno y las autoridades locales de la región.
La resistencia al Megaproyecto Eólico ha tenido cierto éxito en algunos casos.Se han recuperado más de 400 hectáreas al Megaproyecto frente a la empresa española PRENEAL y se ha logrado impedir la construcción del Parque Eólico La Venta IV que estaban llevando acabo CEMEX y ACCIONA ENERGIA através del proyecto de EURUS.En el video, podrán escuchar el testimonio completo de Alejo Girón sobre el Parque Eólico La Venta IV.
El 13 de noviembre pasado se llevó a cabo el Encuentro Latinoamericano por la Verdad y la Justicia en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó. Participaron más de 200 personas originarias de 18 países. La declaración final enfatiza que el Encuentro permitió “escucharnos y aprender a encontrar la paz con Justicia y con Verdad, ante la violencia estructural e impunidad que cotidianamente vivimos y nos afecta”.
Escrito por SIPAZ 
