El 29 de octubre, la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventic, “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo” de la zona Altos de Chiapas, denunció a través de un comunicado una serie de agresiones en contra de integrantes del municipio autónomo rebelde zapatista San Pedro Polho. Se trata principalmente de hechos que ocurrieron en los dos últimos meses: disparos, entrega de armas de alto calibre, movimientos de personas armadas en distintas comunidades del municipio (oficial) de Chenalhó, según la denuncia, con el apoyo del gobierno municipal y del Ejército.
El comunicado enfatiza: “Como Junta de Gobierno, condenamos enérgicamente las actitudes violentas e irrazonables del mal gobierno a través de sus paramilitares, de sus autoridades de la comunidad, a través de sus autoridades municipal, estatal y federal.”.
Camarógrafo Brad Will de Indymedia New York, fue asesinado el 27 de octubre 2006 [Fuente: Indymedia New York]
El 16 de octubre de 2008, Juan Manuel Martínez Moreno fue detenido por la AFI (Agencia Federal de Investigación) junto con Octavio Pérez Pérez y Hugo Jarid Colmenares Leyva. Se les señala como responsables del asesinato del reportero de Indymedia New York, Brad Will, de nacionalidad estadounidense, quien falleció durante un enfrentamiento que ocurrió en la Ciudad de Oaxaca el 27 de octubre de 2006. Llamativamente, los tres detenidos son integrantes de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca). La PGR (Procuraduría General de la República) emitió una orden de aprehensión en contra de seis individuos más vinculados con la oposición. El 22 de octubre de este año, el juez responsable del caso, Luis Salvador Cordero, dictó auto de formal prisión a Juan Manuel Martínez, como actor material del asesinato. Su abogado afirmó que promoverá un amparo federal para invalidar la resolución del juez. Los dos otros detenidos, acusados de encubrimiento, quedaron en libertad bajo fianza el 18 de octubre.
Amnistía Internacional expresó que estas detenciones se dieron “aparentemente en contra de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los expertos forenses y periciales independientes de Physicians for Human Rights (PHR)”. Agregó además que “Tanto la CNDH como PHR han manifestado su honda preocupación por los defectos de la investigación de asesinato. Esos defectos incluyen la falta de evaluación adecuada de las pruebas forenses y la falta de investigación de todos los posibles sospechosos, incluidos agentes estatales”.
Los peritos forenses de Physicians for Human Rights (organización internacional que ha trabajado casos de la Corte Internacional de La Haya) han presentado evidencias que refutarían las conclusiones de la PGR en el sentido de que Will falleció por disparos realizados a una corta distancia, lo cual podría implicar a integrantes de la APPO.
De manera general, la CNDH ha cuestionado el manejo del caso por parte de la PGR. El presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, señaló que: “se tardó [la PGR] dos años investigando. Le enviamos la recomendación y entonces sí le entró la prisa; en 15 días resolvió el caso, pero su resolución fue desconocer el cúmulo de pruebas que le enviamos”. Según Soberanes, dicha actuación se debe a la presión ejercida por parte de los Estados Unidos sobre el gobierno mexicano: “Se dice que no les daban los recursos de la Iniciativa Mérida si no resolvían este asunto, por lo que debían esclarecerlo a como diera lugar, y ya vemos los resultados.”
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan) publicó la siguiente declaración respecto al amparo otorgado a 4 de 5 presos, integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM):
Juez federal concede amparo a indígenas me´phaa presos en Ayutla
· La resolución fue dictada el pasado 15 de octubre a favor de 4 presos. Uno permanecerá en prisión.
· Los presos amparados tendrían que estar libres mañana martes 21 de octubre.
· La sentencia demuestra que la finalidad del encarcelamiento fue acabar con el trabajo organizado
Tlapa, Guerrero, México a 20 de octubre de 2008.- La jueza Octava de Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla concedió un amparo a cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) que desde hace seis meses están presos en el reclusorio de Ayutla señalados por el asesinato de un informante del Ejército.
Esta resolución fue dictada el 15 de octubre y en cuanto sea notificado el juez Mixto de Primera Instancia con sede en Ayutla, éste tendrá un plazo de 24 horas para poner en libertad a los indígenas detenidos.
Esto significaría que a más tardar mañana martes 21 de octubre los presos estarán saliendo de la cárcel, a excepción de Raúl Hernández Abundio quien permanecerá en prisión porque la jueza de Distrito dice que los testigos señalan que él estuvo en el momento en que fue disparada el arma de fuego que dio muerte a Alejandro Feliciano García, el pasado 1 de enero de este año. No obstante esta acusación es muy vaga.
El 14 y 15 de octubre, la Policía comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero celebró su treceavo aniversario en la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec. Cuando la policía comunitaria empezó, contaba con la participación de ocho comunidades en dos municipios. Hoy en día mantiene presencia en 72 comunidades pertenecientes a 10 municipios.
Según Martín Candia Galindo, uno de los fundadores de la Policía: “En los territorios bajo influencia de la policía comunitaria no hay presencia del narcotráfico o de algún cártel de la droga; nuestros jóvenes están libres de ese terrible mal”. El Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) ha logrado este éxito a pesar de que no cuenta con muchos recursos, sus integrantes no perciben sueldo, y según se ha venido denunciando en más de una ocasión, el gobierno sigue persiguiendo a la policía comunitaria intentando de descalificar su trabajo.
Además de ser un movimiento autónomo de justicia, el CRAC insiste en que su proyecto abarca una multitud de facetas de la vida cotidiana de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Desarrollaron una radio comunitaria y hace un año, se inauguró la Universidad de los Pueblos del Sur, proyecto que va creciendo.
Durante el aniversario, se plantearon varios temas de discusión: la creciente inseguridad, la militarización del país, la falta de legitimidad de los sistemas policiales, la política del miedo vehiculada por los medios masivos de comunicación y la criminalización de los movimientos sociales. Mario Campos, párroco del municipio de Xalpatláhuac, en la Montaña Alta agregó en la inauguración del acto: “Hay alternativas para solucionar los problemas de inseguridad relacionados con el narco y los asaltos. Servir no es un delito; por eso pedimos a los alcaldes de la región fortalecer al CRAC”.
Del 7 al 12 de octubre de 2008, se realizó el III Foro Social de las Américas en la Universidad de San Carlos en la Ciudad de Guatemala . El encuentro fue un espacio “para poner en común todo lo que se está formulando en términos de resistencias y alternativas al neoliberalismo y… para el desarrollo del pensamiento crítico y pensamiento propio” (Irene León, Agencia Latinoamerica de Información) entre los miles de participantes de todo el continente.
Varias mesas de trabajo, talleres y seminarios fueron organizados, abarcando 6 grandes ejes temáticos: Alcances y Desafíos de los Cambios en el Hemisferio; Pueblos en Resistencia al Neoliberalismo y la Dominación Imperial; Defensa de la Calidad de Vida Frente al Capitalismo Depredador; Las Diversidades y la Igualdad; La Disputa Ideológica; y Pueblos y Nacionalidades Originarios, Indígenas y Afrodescendientes.
La Red por la Paz, de la que SIPAZ forma una parte, participó también con un seminario titulado “Conflictividad Social, Tierra y Territorio”.
Para el 9 de Octubre, se esperaba la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales que finalmente no pudo asistir pero envió un mensaje de solidaridad (ver a continuación) que fue presentado en el foro.
Al fin del foro se realizó una Marcha de la Resistencia Indígena, Campesina, Sindical, Negra, Feminista y Popular desde el Obelisco del sur de la ciudad capital y finalizó en el Parque Central. Se leyó públicamente la declaración final de la Asamblea de los movimientos sociales (ver a continuación) que denuncia “la Iniciativa Mérida, el Plan Colombia, el ASPAN (Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte), las bases militares, la Escuela de las Américas y la Cuarta Flota”. También plantea: “Somos partícipes de un momento histórico y decisivo para la humanidad. En estos días se ha hecho evidente el fracaso del sistema capitalista que desde los movimientos sociales hemos venido advirtiendo desde hace mucho tiempo”.
Según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), el pasado 15 de octubre de 2008, fue liberado Marcelino Díaz González, integrante de “La Voz del Amate”, organización de detenidos adherentes a La Otra Campaña, del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 14 “El Amate” de Cintalapa.
Marcelino Díaz González, originario de San Pedro Nixtal Uk’um, municipio de El Bosque nació el 2 de junio de 1980. Fue miembro de la organización campesina USISON y luego de la Otra Campaña. Fue detenido el 3 de octubre de 2001 por la Policía Judicial del Estado sin orden de aprehensión. Según su testimonio, sufrió amenazas, golpizas, malos tratos a través de bolsas de plástico en la cabeza así como encierro en un congelador durante 12 horas. Estuvo arraigado durante 30 días en la casa de arraigo extraoficial, Hotel Safari en Tuxtla (estructura que ya no está utilizada con este fin).
El II Encuentro Hemisférico frente la Militarización se realizó entre el 3 y 6 de octubre de 2008 en La Esperanza, Intibucá, Honduras. Participaron 800 delegados de 175 organizaciones, provinientes de 27 países incluyendo: Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba, Haití, Puerto Rico, México, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y cinco países de Europa.
Durante los 4 dias del encuentro, se abrieron 19 espacios de “solidaridad/acciones urgentes” que constituían plataformas de denuncia para casos de Haití, Colombia, EEUU, Ecuador, Nicaragua, Chile, México, El Salvador, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, Triple Frontera (entre Brasil, Argentina y Paraguay), Honduras, Brasil, Cuba, Bolivia, Uruguay, Guatemala y Paraguay.
El 3 y 4 de octubre, se realizaron también 19 mesas de trabajo con temas tan diversos como: Pueblos Indígenas, Negros y Campesinos; Migración; Movimientos Sociales; Criminalización de la Lucha Social; IV Flota; Triple Frontera; Bases Militares; Industria Militar; ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte), Tratados de Libre Comercio; Proyecto Mesoamericano (anteriormente Plan Puebla Panamá); IIRSA (Integración de Infraestructura Regional en Sur América), Iniciativa Mérida y Plan Colombia. La reflexión sobre posibles planes de acción se dio por regiones: América del Sur, Mesoamérica (incluyendo el Sur de México), Caribe y Norte (incluyendo el Norte de Mexico).
Al final del encuentro, se hizo pública una Declaración Final (ver a continuación) y en la mañana del 6 de octubre, cientos de individuos participaron en una marcha y acto enfrente de la base militar estadounidense ubicado en Palmerola, Comayagua, Honduras.
El pasado viernes 3 de octubre, un violento operativo efectuado por policías federales y estatales dejó un saldo de seis muertos, 17 personas heridas y 36 detenidos, casi todos habitantes del ejido Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria, Chiapas.
SIPAZ expresa fuerte preocupación por lo ocurrido.
Desde 1966, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) viene realizando diversos estudios en el cauce principal del Río Verde –localizado en la Sierra Sur y Costa de Oaxaca– para determinar las características hidrológicas, geológicas, ambientales y sociales, así como el potencial hidroeléctrico de esta importante cuenca del país.
A partir de febrero de 2006, la misma CFE ha estado visitando a las localidades de la zona con la finalidad de presentar parte de un proyecto denominado “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples-Paso de la Reina”.
Dicha presa tendría una cortina de 195 metros y afectaría directamente 3100 hectáreas en 6 municipios y 15 localidades de la costa oaxaqueña . Estas localidades están integradas por población indígena mixteca y chatina, así como población afro mestiza.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) se constituyó el 9 de junio de 2007, en San José del Progreso Tututepec, ubicado al lado de la Presa Derivadora Ricardo Flores Magón. Dicho consejo está integrado por miembros de las comunidades de Tataltepec de Valdés y Santiago Ixtayutla, y su objetivo principal es defender su territorio, agua y recursos naturales [Fuente: El Topil].
El 18 de septiembre de 2008, SIPAZ se entrevistó con un integrante del COPUDEVER (Vídeo entrevista arriba).
Escrito por SIPAZ 
Escrito por SIPAZ 
Escrito por SIPAZ 
