Guerrero: Asesinan a miembro de la OPIM en Ayutla de los Libres

El día 10 de febrero del 2008 en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, Lorenzo Fernández Ortega, miembro de la Organización del Pueblo Indígena Mepha´a (OPIM) fue asesinado. Durante los últimos meses, la OPIM ha denunciado una intensificación de las amenazas de muerte y otras agresiones por parte del Ejército federal y grupos supuestamente paramilitares.

Según la OPIM la intensificación de dichas amenazas coinciden con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el uso de esterilización forzada contra indígenas de la comunidad de Camalote, igual que por la audiencia que Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú tuvieron hace poco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de sus denuncias en contra de miembros del Ejército federal por violaciones sexuales en 2002.

Lorenzo Fernández Ortega era hermano de Inés Fernández Ortega y originario de la Comunidad de El Camalote. Según la denuncia de la OPIM, “Lorenzo fue asesinado por paramilitares que trabajan para el 48º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con sede en Cruz Grande”.

El asalto ocurrió después de que Lorenzo y otras personas de la comunidad de El Camelote fueron a Huamuxtitlán a presentar el caso de los 14 campesinos esterilizados, el de las violaciones sexuales por parte del ejército y la situación de extrema militarización ante la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour que visitó Guerrero la semana pasada.

Últimamente otra integrante de la dirección colectiva de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, ha recibido amenazas de muerte.

Más información:

Acción Urgente: MÉXICO Miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me Phaa (Amnistía Internacional, 22/02/2008)

Guerrero: Los pueblos indígenas de la Montaña se encuentran con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos

Durante dos horas el 7 de febrero, organizaciones en defensa de los derechos humanos y unos cien miembros de los pueblos indígenas de la Montaña, los na savi, me’phaa, nahua y amuzgos presentaron 10 casos de violaciones de los derechos humanos a la Alta Comisionada de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.

Denunciaron la militarización de sus regiones y la criminalización de la protesta social. Entre los casos que se presentaron estuvieron el caso del proyecto de construcción de la represa de La Parota presentado por un miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), el caso de Valentina Rosendo Cantú por violación por parte de integrantes del Ejército (2002) presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos de esterilizaciones forzadas en la comunidad de El Camelote y el caso de las amenazas en contra de la radio Ñomndaa en Xochistlahuaca.

La Alta Comisionada, Louise Arbour, expresó lo difícil que es para ella prometer algo durante una estancia tan corta en el país pero aseguró que la oficina de la ONU en el país seguirá cubriendo y monitoreando los casos. También agradeció a todas las personas por sus testimonios confirmando que serían puntos de referencia muy importante para la oficina de la ONU para el seguimiento de los casos.

Más información:

Indígenas de la Montaña de Guerrero se reúnen con Alta Comisionada de la ONU (CDHM Tlachinollan, 07/02/2008)

México: Lanzamiento de campaña “La protesta es un derecho, la represión un delito”

[Édgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos © Greenpeace]

Frente a lo que señala como “un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales”, la Red mexicana Todos los Derechos para Todas y Todos (Red-TDT) arrancó una campaña para revindicar el derecho de protesta. Las 57 organizaciones de la Red insisten en que “la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos”, una postura repetida por Édgar Cortez en la rueda de prensa donde se lanzó esta iniciativa.

La Red-TDT afirma que la criminalización de la protesta se presenta cuando las manifestaciones de descontento están llevadas a la arena jurídica; esta represión legal toma la forma de detenciones arbitrarias, el equiparar a los luchadores sociales con delincuentes, la agravación de las acusaciones y la falta de un debido proceso legal. En el paquete de información lanzada para respaldar el inicio de la campaña, se sistematizan 28 casos de criminalización de la protesta social en 16 estados de la República. Se recalcó las respuestas represivas del Estado frente a las acciones de protesta social, bajo algunas de las siguientes modalidades: “cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta”.

Se anunció que durante el mes de febrero, acciones de difusión de la campaña se llevarían a cabo en los 20 estados con presencia de miembros de la Red-TDT. El día 7 del mes, los grupos chiapanecos pertencientes a la Red también publicaron un documento en lo cual presentaron cinco casos de criminalización de la protesta social en Chiapas desde mediados de enero hasta el día 5 de febrero. Entre ellos apareció el caso de la detención del Prof. Felipe Hernández Yoena en una movilización campesina en Tuxtla Gutiérrez el día 31 de enero pasado.

Más información:

“Legitimidad de la protesta social” (La Jornada, 16/02/08)

Felipe Hernández Yuena: “Detención arbitraria…” (OMCT Caso 140208 MEX, 14/02/08)

“Criminalización de la protesta en Chiapas” (Grupos en Chiapas de la Red-TDT, 07/02/08)

“ONG arrancan campaña en defensa de la protesta social como un derecho” (La Jornada, 05/02/08)

Boletín de Prensa: “Inicia Red-TDT Campaña Nacional” (Red-TDT, 04/02/08)

Documentos de la Campaña Nacional (Red-TDT, 04/02/08)

Chiapas: Amenazas a la Reserva de Huitepec

Desde principios de este año, la Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de Huitepec ha estado bajo amenaza de desalojo. El nuevo presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Diaz Ochoa (PRI), declaró a la prensa que la zona sería desalojado el 3 de enero, supuestamente por el daño ecológico hecho a la zona por la comunidad zapatista. Diaz Ochoa volvió a repetir su intención de desalojar la Reserva el día 17 de enero, y el día siguiente entraron unos cinco delegados de varias entidades de gobierno.

Se teme que la visita fue una “avanzada” para estudiar la zona y posiblemente planear un operativo policíaco para desalojar. Desde entonces, se ha visto a varias personas desconocidas dentro de la Reserva, algunas sacando fotos sin el permiso de los guardianes zapatistas. Además, el Presidente Municipal ha vuelto a amenazar el desalojo por noticias en las radios de San Cristóbal.

La Reserva fue establecida en 2006 por la Junta de Buen Gobierno (JBG) de Oventik para “proteger los bosques de las empresas transnacionales, porque el bosque es nuestra agua, nuestro aire y todo”. Casi paralelamente, un decreto oficial anunció la creación del área natural protegida Huitepec-Alcanfores, cuyo territorio cubre aquel de la reserva Zapatista.

Para respaldar su control de la zona, la JBG instaló campamentos civiles de observación poco después de su apertura. Desde entonces, la comunidad de base zapatista ubicada en Huitepec se ha encargado de orientar a los demás miembros de la comunidad (en su mayoría priístas) de la necesidad de la protección ambientalista.

Miembros del equipo de SIPAZ se desplazaron a la Reserva Ecológica de Huitepec en unas tres ocasiones desde el 18 de enero de 2008 para investigar la situación allí vivida por los zapatistas. En nuestras visitas, hablamos con los miembros del campamiento zapatista, así constatando que aunque sigue sin haber otra entrada por otros representantes del Estado, ni agentes armados de lo mismo, consideran que su situación sigue precaria. Fuimos llevados en un breve recorrido de la Reserva, una zona de bosque pristina con sólo unos senderos indicando la presencia humana que la protege.

Más información:

El Huitepec está bajo amenaza de desalojo por autoridades priístas (La Jornada, 19/02/08)

El Decreto del Congreso del Estado, a petición del Gobierno de Chiapas, que establece seis nuevas Áreas Naturales Protegidas” es ilegal (FRAYBA, 14/03/07)

Lanzamiento (ver Punto 7) de la Reserva Ecológica Comunitaria Huitepec (JBG, 29/09/06)

Chiapas: Conclusiones y recomendaciones de la CCIODH

El día 9 de febrero, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) presentó sus conclusiones y recomendaciones provisionales, preparadas tras una estadía de seis días en el estado de Chiapas. Para formular estos comentarios, la Comisión realizó con un centenar de entrevistas con unas 200 personas, entres ella representantes del gobierno del estado de Chiapas, miembros de la Iglesia católica, organizaciones no gubernamentales y sociales, presos, mujeres y comunidades indígenas.

Recalcaron que los problemas sociales y políticos de Chiapas tienen sus raíces en la profunda desigualdad y exclusión que sigue en el estado. Presentaron informes breves sobre la situación de los presos en los Ceresos de San Cristóbal de las Casas, Oventik y Cintalapa (el Amate), además de una descripción detallada del caso del poblado Betel Yochib (ver vínculos abajo), citándolo como un caso ejemplar de colaboración de grupos paramilitares con agentes estatales, y de otros elementos que se presentaron en numerosos casos chiapanecos como la fabricación de cargos y la detención arbitraria.

Pasaron un documental delen médico que la CCIODH realizó a las dos víctimas del caso: el señor Eliseo Silvano Jiménez y su hijo, Eliseo Silvano Espinosa. Ambos presentaron heridas graves, resultados de su trato durante la detención. En este marco, y como un comentario general sobre la situación que la Comisión acababa de presenciar, la CCIODH dijo que si no hubiera justicia para los Silvano sería otro caso de “la situación de siempre: una ratificación de la impunidad”, a la cual ya habían descrito como “un veneno para la gente” de Chiapas. exam

El mismo día 9 la CCIODH se desplazó al estado de Oaxaca, para completar una investigación de cuatro días de la situación que allí se encuentra.

Más información:

Conclusiones y recomendaciones preliminares (CCIODH, 09/02/08)

Boletín de prensa, “Liberan a indígenas tseltales…” (FRAYBA,08/02/08) (pdf)

Boletín Betel Yochib Parte II ( CAPISE, 07/02/08)

Acción Urgente (FRAYBA, 06/02/08) (pdf)

Boletín Betel Yochib Parte I (CAPISE, 30/12/07)

Oaxaca: se teme por la desaparición del dirigente indígena Lauro Juárez

Según denuncian varias organizaciones de derechos humanos, Lauro Juárez, indígena chatino, de 50 años de edad, integrante de la organización social Unión de Campesinos Pobres-Frente Popular Revolucionario (UCP-FPR), desapareció el 30 de diciembre en el lugar donde se celebraba una protesta, a lo largo de la carretera que une la ciudad de Oaxaca y Puerto Escondido.

Lauro Juárez, recientemente elegido en el Municipio de Santa María Temaxcaltepec, Juquila, Oaxaca es un luchador social por los derechos políticos, humanos y defensor de los recursos naturales de la región.

El 29 de diciembre, ante el temor, según los informes, a las represalias de la policía local y de grupos de hombres armados, los manifestantes desconvocaron la protesta que había empezado el día 26 y empezaron a regresar a sus casas.

Según reportado por Amnistía Internacional, a Lauro Juárez, que se quedó atrás cuando la mayoría de los manifestantes ya se habían marchado, se le vio por última vez a primeras horas del 30 de diciembre, durmiendo en una casa junto al lugar de la protesta. Su maleta se encontró en aquel lugar, pero él y su manta han desaparecido. Su desaparición se ha denunciado a la Procuraduría General de Oaxaca y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Asociación Nacional de Defensores de Derechos Humanos (ANDDH) denunció que en Oaxaca, en los últimos 8 meses, se han dado 6 desapariciones vinculadas a organizaciones sociales.

Más información:

Acción Urgente – Temor por la seguridad / desaparición Lauro Juárez (AI, 08/01/2008)

Boletín de prensa – Desaparición de Lauro Juárez (ANDDH, 17/01/2008)

Presunta desparición Sr. Lauro Juárez en Juquila, Oaxaca (OMCT, 11/01/2008) [Inglés]

Chiapas: Agresiones a miembros de CAPISE y SERPAJ

VIDEO: Testimonio de Ana Carela Contreras Villalpando

El 8 de febrero de 2008, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) y el Servicio Paz y Justicia en América Latina con sede en México (SERPAJ) presentaron en una conferencia de prensa , los hechos ocurridos en la localidad Bolon Ajaw el día 30 de diciembre de 2007. Miembros de SERPAJ formaron parte de una Brigada de Observación Tierra y Territorio (BOTT) coordinada por CAPISE para visitar familias y comunidades amenazadas por el despojo de sus tierras. La Brigada denunció haber sido intimidada, amenazada, y haber sufrido privación ilegal de libertad por miembros de la organización Ecoturismo Indígena Tzeltal de Cascadas Agua Azul SC de RL, señalado por CAPISE como “disidentes del grupo paramilitar OPDDIC” (Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos).

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y fundador de SERPAJ, dirigió una carta a los organismos judiciales, la Procuraduría y la Corte de Justicia en México, para expresar su preocupación por los grupos “civiles que actúan en la practica como una fuerza paramilitar, generando terror y dolor en las comunidades cerrando el espacio de los y las defensores de Derechos Humanos. Muchas veces con la complacencia directa o indirecta de algunas autoridades”. Esquivel solicito a “las autoridades mexicanas, federales y estatales, Administrativas y Jurídicas, que hagan las investigaciones correspondientes, se establezcan las responsabilidades del caso, garantizando los derechos de la libertad de transito y de acción, que haga viable los deseos de paz en estos territorios donde viven comunidades indígenas de Chiapas”.

CAPISE y SERPAJ interpusieron una demanda penal contra los agresores, por los delitos de amenazas y privación ilegal de la libertad.

El vídeo de la agresión, grabada por uno de los integrantes de la Brigada y presentado como prueba junto a la demanda penal, está disponible aquí.

Más información:

Videograbación de los hechos

Página web de CAPISE

Pagina web de SERPAJ

Carta de Adolfo Pérez Esquivel (Presidente Internacional de SERPAJ 08/02/2008)

Oaxaca: ANDDH denuncia tortura y asesinato del campesino Rosalino Díaz, en San Blas Atempa

Según reporta la Asociación Nacional de Defensores de Derechos Humanos (ANDDH), el día 30 de Enero, por la tarde, Rosalino Díaz Barrera, se encontraba laborando en su parcela en el camino que comunica la cabecera municipal con la Agencia de Santa Rosa, cuando aproximadamente a las 14:00hrs, un grupo de policías municipales a bordo de patrullas, llegaron hasta el lugar donde Rosalino se encontraba, de inmediato fue sometido con violencia y levantado del lugar con rumbo desconocido.

La tarde del día jueves 31 de enero un grupo de pobladores de la Agencia Municipal de Rancho Llano (norte) encontraron el cuerpo sin vida de Rosalino en las faldas de un monte de la localidad.

La acción urgente de la ANDDH también subraya que el cuerpo de Rosalino Díaz Barrera mostraba signos claros de tortura, golpes y lesiones graves, estaba con las manos atadas y con una herida de arma de fuego en el costado derecho de su cuerpo.

Rosalino Díaz Barrera, era habitante de la cabecera municipal de la Villa de San Blas Atempa, de ocupación campesino, defensor de los derechos sociales, simpatizante del H. Ayuntamiento Popular Autónomo de la Villa de San Blas Atempa desde el año 2005 y del Grupo Guenda Racané-Frente Popular Revolucionario.

Más información:

Acción Urgente de la ANDHH (ANDDH, 01/02/2008)

Denuncian secuestros y asesinatos en Oaxaca (La Jornada, 04/02/2008)

Chiapas: La CCIODH presenta su VI Visita de Observación

Lunes 4 de febrero, la Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) dio una rueda de prensa para presentar su VI Visita de Observación, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

La CCIODH, compuesta por 51 personas de diez países diferentes, permanecerá en Chiapas desde el 2 hasta el día 9 de febrero entrevistándose con todos los actores del conflicto para completar el seguimiento de los tres primeros informes realizados en los años, 1998, 1999 y 2002 así como investigar los nuevos casos que se hayan producido sobre violaciones a los derechos humanos.

VIDEO: Presentación de la visita

Entre los diferentes motivos de esta visita se encuentra el seguimiento de la Masacre de Acteal, los conflictos sobre tierra y territorio, la visita a los penales y a las diferentes regiones del estado, la situación de los desplazados, el seguimiento de las denuncias sobre la actividad de grupos paramilitares en el marco de una larga lista de documentación sobre todos estos temas.

VIDEO: La CCIODH y el caso de Acteal

La Comisión tendrá su sede en el Hotel Jardines del Carmen C/ Ignacio Allende 22. Barrio de San Antonio de San Cristóbal de las Casas. En este lugar se recibirá a todas las personas, organizaciones e instituciones que deseen dar su testimonio.

El día 2 de febrero una delegación de la CCIODH se entrevistó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con el Gobernador del Estado, Juan Sabines, y su equipo de gobierno.

La CCIODH se dividió en diferentes grupos que harán un recorrido por el estado, visitando los municipios zapatistas, comunidades indígenas en conflicto, autoridades municipales y demás actores.

Más información:

Página web de la CCIODH
6º Boletín: La Comisión inicia sus actividades en Chiapas (CCIODH, 03/02/2008)
“A diez años de Acteal” Presentación de la VI Visita de la CCIODH (CCIODH, 10/12/2007)

Chiapas: Melel Xojobal presenta el libro “La Infancia Cuenta en México 2007”

[Fuente: Melel Xojobal]

El 1 de febrero la organización Melel Xojobal celebró su 11º Aniversario y presentó el Libro “La Infancia Cuenta en México 2007” en San Cristóbal de las Casas.

La Infancia Cuenta en México es un sistema de indicadores ejecutado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM), para documentar la situación de niños y niñas y sus derechos, con información confiable y accesible, buscando que sea un insumo que ayude a que las decisiones legislativas y políticas que afectan a este sector de población deriven en mejores acciones que garanticen sus derechos.

La Infancia Cuenta en México 2007 es el tercer reporte anual publicado por la RDIM. La Infancia Cuenta en México que tiene como objetivo desarrollar un Sistema de Indicadores como mecanismo de medición, monitoreo y seguimiento del estado de los derechos de niños y niñas en México.

La Infancia Cuenta en México se inspira en Kids Count, proyecto desarrollado por la Fundación Annie E. Casey, la RDIM ha adoptado este modelo enfocándolo desde una perspectiva de derechos de la infancia, en la que se permite dar seguimiento a los indicadores para integrar la posibilidad de evaluar la eficiencia de las políticas públicas. También integra las voces de niños y niñas del país, como reconocimiento al derecho y valor de su participación y protagonismo.

Por más información:

Melel Xojobal

La Infancia Cuenta en México, Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM)